Los niños afectados por feminicidio tendrán una pensión mensual de G. 1.600.000 hasta la mayoría de edad, según la nueva ley promulgada en Paraguay.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, anunció los detalles de una nueva ley promulgada por el Poder Ejecutivo, que garantiza una pensión mensual para niños que han quedado como víctimas colaterales de feminicidio. Esta ley busca proporcionar un apoyo financiero y un mecanismo de protección integral para los menores de edad que enfrentan esta situación traumática.

“La medida busca protección y apoyo financiero, además de un mecanismo integral en el que participarán diferentes instituciones”, detalló Gutiérrez. El ministro explicó que la asignación será individual para cada niño y administrada por un adulto designado por un juez. Esta persona tutora o cuidadora será responsable de la gestión de los recursos con el objetivo de garantizar el bienestar del menor

El monto estipulado por la ley es de G. 1.600.000 mensuales, que los beneficiarios recibirán hasta alcanzar la mayoría de edad. Esta suma, además de representar un alivio económico, busca atender las necesidades básicas y contribuir al desarrollo de los niños y adolescentes afectados.

El ministro Gutiérrez indicó que la ley, tras su promulgación, tendrá un período de 90 días para ser reglamentada y establecer los detalles sobre su implementación. Aunque aún no se conoce la cifra exacta de niños que recibirán esta ayuda, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia coordinará con otras instituciones para identificar y registrar a los beneficiarios.

Este avance legislativo es un paso significativo en la lucha por la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Las víctimas colaterales de feminicidio enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema y necesitan un respaldo concreto para su desarrollo y bienestar. Con la promulgación de esta ley, el Estado paraguayo se comprometa a amparar a los menores que han perdido a sus madres a causa de la violencia de género.

El nuevo marco legal no solo contempla el aspecto económico, sino que también busca involucrar a las instituciones públicas para garantizar un enfoque integral de protección y seguimiento de los menores. Se espera que la colaboración entre el Poder Judicial, el Ministerio de la Niñez y otros organismos asegure la correcta aplicación de la ley y brinde a los niños un entorno más seguro y estable.

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