El JEM decidirá si abre una investigación de oficio contra el juez y el fiscal que intervinieron en el crimen de Melania, ante cuestionamientos públicos.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió fijar para el 22 de agosto la fecha en que se tratará la apertura de una investigación de oficio contra el juez y el fiscal que intervinieron en el caso de Melania Monserrath, niña de 11 años asesinada en el departamento de Caazapá.

La decisión fue tomada tras la presentación del senador Mario Varela, quien expuso ante el pleno las irregularidades detectadas en el proceso que permitió la libertad condicional de Marcelo Giménez, principal sospechoso del crimen y previamente condenado por abuso.

El legislador hizo referencia al artículo publicado el 22 de julio, que da cuenta de que el fiscal no ordenó una autopsia y el magistrado autorizó la liberación del imputado. Además, recordó que la Corte Suprema de Justicia ya dispuso una auditoría del expediente.

El fiscal Carlos Ramírez y el juez Osmar Baeza enfrentan fuertes críticas por su actuación. Autoridades del Ministerio de la Niñez señalaron que las decisiones adoptadas pudieron haber evitado el crimen, considerando que la víctima ya había denunciado al sospechoso en una causa anterior.

Eduardo Escobar Said, viceministro de la Niñez, indicó que no se trató de un error inevitable, sino de una omisión que expone la falta de responsabilidad en el sistema judicial. A su vez, el ministro Walter Gutiérrez cuestionó el uso automático de criterios para otorgar libertades condicionales.

Gutiérrez sostuvo que la evaluación de reinserción debe ser rigurosa, más aún cuando el condenado reside en las cercanías de la víctima. Mencionó que existían indicios de amenazas previas hacia la familia de Melania, que no fueron consideradas en la resolución judicial.

El crimen volvió a poner en debate el rol de los operadores de justicia y la necesidad de mecanismos de control más estrictos en decisiones que afectan a víctimas de violencia.

El JEM deberá valorar si las actuaciones ameritan un proceso disciplinario. Mientras tanto, se aguardan los resultados de la auditoría judicial impulsada por la Corte para conocer con precisión los elementos omitidos en el trámite del caso.