El juez Gustavo Ovelar, del Juzgado Penal de Garantías Nº 4, rechazó el martes el pedido de levantamiento de prisión preventiva presentado por la defensa de Armando Silva Jiménez y Karent Marilina Villar, padres del adolescente sindicado como presunto autor del asesinato de María Fernanda Benítez Martínez.

Según explicó el magistrado en conversación con un medio local, la decisión se basó en la existencia de un concurso de hechos punibles y la consecuente imposibilidad de aplicar la figura de compurgación de la pena mínima, tal como pretendía la defensa.

La revisión de medidas se llevó a cabo en dos audiencias separadas, con la presencia de la fiscal Noelia Montanía y del abogado querellante Luciano Acosta. Tanto el Ministerio Público como la querella objetaron la solicitud, argumentando que los procesados están acusados por dos hechos punibles, lo que incrementa la expectativa de pena y descarta la posibilidad de considerar cumplida la mínima durante la prisión preventiva. Ovelar coincidió con este criterio, citando el artículo 70 del Código Penal, que establece el aumento de la pena en casos de concurso cuando un hecho vulnera varias disposiciones legales.

“No se puede tener en cuenta solamente la pena mínima de un solo hecho punible; debe sumarse la de ambos”, señaló el juez, resaltando que la normativa es clara y taxativa en este punto. También indicó que esta fue la primera vez que Silva y Villar solicitaron la revisión de medidas, y que el hecho de encontrarse ya acusados —y no solamente imputados— fue determinante para mantener la prisión preventiva. La acusación ya fue admitida y la audiencia preliminar se realizará este mes, instancia que Ovelar consideró clave para garantizar el avance del proceso.

El magistrado advirtió que otorgar medidas menos gravosas podría poner en riesgo la continuidad del expediente, especialmente tratándose de un caso con fuerte repercusión nacional e internacional. Agregó que si la revisión se hubiera planteado cuando los procesados aún solo estaban imputados, la evaluación jurídica podría haber sido distinta.

El hombre, como su esposa, están acusados y con pedido de juicio oral por simulación de una denuncia de hecho punible y exposición al peligro terrestre. Ambos habían denunciado la desaparición de su hijo, pero se cree que fue una forma de ayudar para intentar desvincularlo del feminicidio.

Además, le dejaron manejar al adolescente una motocicleta, pese a no tener mayoría de edad. En dicho vehículo, el joven trasladó a María Fernanda el día en que terminó asesinada.

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