El presidente de la ANDE, Félix Sosa, confirmó que se está definiendo una fórmula para un ajuste tarifario semi-automático, el primero desde 2017, destinado a cubrir el déficit y financiar infraestructura

Félix Sosa informó que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) aún no tiene definida la fórmula para establecer un ajuste semi-automático de la tarifa de energía eléctrica.

Sosa dijo en conversación con ÚH que aún “no cerraron” la definición del cálculo para el ajuste tarifario de la energía eléctrica. La última vez que la ANDE modificó sus precios fue en 2017.

La ANDE aseguró que no aplicará un reajuste tarifario general para todos los usuarios en 2025, pero está analizando un ajuste gradual y automático futuro, enfocado principalmente en grandes consumidores y la industria.

La medida busca cubrir el déficit financiero de la empresa estatal y contar con recursos que le permitan mejorar la infraestructura. La decisión también depende de la nueva tarifa de Itaipú que entra en vigor en 2027.

El objetivo es una fórmula transparente que refleje costos reales, afectando menos al 90% de la población, pero aumentando para sectores industriales y de alto consumo, como la minería de criptoactivos, sector que de hecho ya abona una tarifa diferenciada.

Eventual disminución de la tarifa social

El presidente de la ANDE reiteró que el ajuste no afectará a la tarifa social, e incluso mencionó la posibilidad de que el precio de la energía baje para los sectores más vulnerables.

El anuncio de la ANDE causó todo tipo de reacciones, entre ellas las de expertos del sector que señalan que la medida no será suficiente para cubrir el déficit. Asimismo, se critica que la empresa estatal piense en un reajuste, cuando las pérdidas en distribución siguen siendo elevadas.

La ANDE requiere de una inversión de al menos USD 600 millones por año para mejorar su sistema de distribución de energía, en un contexto de aumento sostenido de la demanda. En lo que respecta a la generación de nuevas fuentes, la empresa estatal apunta hacia el financiamiento del sector privado, mediante incentivos establecidos en la nueva Ley de Energías Renovables.

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