El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Natalia Cacavelos, Cristian González y Darío Báez, dictó un fallo no unánime y condenó a Ortigoza por entregar de manera irregular un inmueble de aproximadamente siete hectáreas a cinco personas.
Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que, en diciembre de 2012, el entonces presidente del Indert adjudicó estas tierras que pertenecían, en realidad, a una porción del Refugio Biológico de Mbaracayú, propiedad de la Itaipú Binacional.
Las investigaciones confirmaron que los beneficiarios no eran sujetos de la reforma agraria, situación que fue falsamente consignada en los certificados de adjudicación.
Se comprobó que nunca se realizaron los trámites relacionados con los dictámenes favorables de la asesoría jurídica del ente agrario, pese a que figuraban en el expediente.
En sus alegatos finales, los fiscales señalaron que la conducta de Ortigoza reunió los elementos objetivos y subjetivos del delito, ya que se desempeñaba como titular del Indert y realizó actos destinados a obtener un beneficio patrimonial indebido para terceros.
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