El vertiginoso aumento del patrimonio del diputado liberal Alejo Ríos Medina y de su hijo, el intendente de Caaguazú José “Papu” Ríos Núñez, genera serios interrogantes sobre el origen de las millonarias inversiones acumuladas en pocos años, en contraste con los ingresos percibidos en la función pública.

Alejo Ríos Medina, de origen modesto, inició su vida laboral en actividades informales y con un empleo en un lavadero de vehículos en Caaguazú. Proveniente de una familia con limitaciones económicas, incluso sostenida en parte por la venta de empanadas frente a la vivienda de sus suegros, su ingreso a la política marcó un punto de inflexión en su situación financiera. Tras su paso por la Municipalidad de Caaguazú y luego por la Gobernación del departamento, su patrimonio experimentó un crecimiento extraordinario.

Según sus declaraciones juradas, Ríos pasó de poseer dos terrenos de 360 m² y 500 m² —uno de ellos utilizado como un pequeño balneario— a acumular decenas de hectáreas y complejos recreativos de gran envergadura. Durante su primer periodo como intendente, adquirió en 2013 un inmueble de 819 m² por G. 950 millones, elevando el valor de sus propiedades a G. 3.050 millones, lo que representó un incremento de G. 1.800 millones en menos de dos años. Estas adquisiciones se respaldaban únicamente en su salario de intendente, cercano a los G. 19 millones mensuales, sin que se registraran préstamos que justifiquen tales compras.

El crecimiento patrimonial continuó durante su gestión como gobernador de Caaguazú. En una declaración jurada presentada en 2018, Ríos incluyó una propiedad de 9 hectáreas valuada en G. 1.500 millones, atribuida a una herencia del año 2009, aunque este bien nunca había sido consignado en declaraciones anteriores. Al finalizar su mandato como gobernador, su patrimonio declarado en inmuebles ascendía a G. 5.326 millones.

Ya como diputado nacional, en julio del 2023, volvió a sumar una propiedad más, supuestamente adquirida en 2016 por G. 350 millones y no declarada anteriormente ante la Contraloría General de la República. Con esta inclusión, en apenas seis meses su patrimonio aumentó en otros G. 700 millones, alcanzando activos por valor de G. 6.026 millones.

En medio de este acelerado ascenso económico, Alejo Ríos ostenta hoy un imponente complejo recreativo inaugurado en 2021, en plena pandemia. El lugar cuenta con piscinas modernas, parque acuático, cascadas, quinchos, galpones y una infraestructura que demanda inversiones millonarias, cuyos orígenes no figuran claramente en los documentos oficiales. El sitio también es utilizado como espacio de encuentros políticos con aliados del denominado clan Núñez-Defelippe.

El hijo y la misma fórmula

El crecimiento patrimonial no se limita al diputado. Su hijo, Severo José “Papu” Ríos Núñez, siguió un camino similar. Al iniciar su carrera política como concejal departamental en 2014, no contaba con activos y registraba una deuda de G. 70 millones, según su primera declaración jurada. Diez meses después, ya declaraba activos por G. 180 millones y un salario de G. 12 millones.

Tras asumir como intendente de Caaguazú en 2018, su patrimonio se disparó. Al finalizar su primer periodo, ya figuraba como propietario del complejo recreativo San José, ubicado en la localidad de Toro Blanco, que abarca unas 25 hectáreas y cuenta con piscinas, áreas deportivas, canchas de pádel, zonas de pesca y grandes tinglados. Versiones locales indican que incluso maquinarias municipales habrían sido utilizadas en obras de acceso al predio.

El propio exintendente justifica su crecimiento económico mediante la acumulación de deudas, mecanismo que, según sus declaraciones, le permitiría sostener el mantenimiento del complejo, una flota de vehículos de lujo, personal permanente y un elevado nivel de gastos, todo con un salario mensual cercano a los G. 19 millones.

El caso del clan Ríos vuelve a poner en el centro del debate público la transparencia patrimonial de los funcionarios y la necesidad de un control más riguroso sobre el origen de las fortunas acumuladas durante el ejercicio de cargos públicos en Caaguazú.

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