La fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas (Antisecuestro y Antiterrorismo), presentó acusación contra cinco agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná por los hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada en calidad de autores y contra una abogada como cómplice.
Los policías acusados son:el suboficial Silvio Javier Rojas Vera (42)
el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez (34)
el suboficial mayor Celiano Antonio Zayas Benítez (43)
el suboficial mayor Ángel Gabriel Resquín Vera (41)
el oficial Denis Evaristo Mitos Rojas (28)
y la abogada procesada es Blanca Noemi Gauto Fernández (38)
Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la
avenida Monday de Presidente Franco, pero fueron denunciados por una de las víctimas recién el 10 de junio, según el escrito de acusación.

En esa ocasión, una camioneta, en cuyo interior se encontraban dos hombres y la hija menor de edad de uno de ellos, fue interceptada por los policías que estaban a cara descubierta y con armas de fuego, quienes se identificaron como agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía.

Uno de ellos fue obligado a descender de su vehículo y alzado a la fuerza a la camioneta policial. Mientras tanto, otros dos agentes subieron al rodado de las víctimas y les despojaron de sus teléfonos celulares a la adolescente y al otro acompañante. Acto seguido, fueron llevados hasta la sede de Investigaciones, que funciona en el edificio del Departamento de Identificaciones, en la parte trasera.
Las víctimas permanecieron privados de libertad en un quincho con blindex durante cuatro horas aproximadamente. Durante el trayecto a la sede y estando en ese quincho policial, los agentes exigieron a una de las víctimas el pago de 50.000 dólares a cambio de su liberación, amenazando con allanamientos a sus propiedades y a las de sus familiares.
Los policías acusaban al hombre de estar involucrado en supuestas investigaciones por crimen organizado y lavado de dinero. Asimismo, exhibieron fotografías de los inmuebles de las víctimas y advirtieron que personas externas visitarían a sus familiares si no se cumplía con la exigencia.
En ese contexto, los policías permitieron la comunicación con una abogada, quien se hizo presente en el lugar. La profesional conversó con uno de los agentes sin la presencia de las víctimas y posteriormente indicó que debía abonarse la suma exigida.

Finalmente, se acordó el pago inicial de 30.000 dólares y el saldo restante de 20.000 dólares en el plazo de un mes. Con la asistencia de la profesional, el dinero fue extraído de diferentes entidades bancarias y entregado a uno de los agentes.
Tras la entrega del monto inicial, las víctimas fueron liberadas a las 16:40 frente a Identificaciones de la Policía Nacional, con la advertencia de cumplir con el pago restante en los términos acordados. Tras la denuncia, la fiscal Ocampos ordenó la detención de los supuestos involucrados y luego presentó la imputación contra todos ellos.
La fiscal Zunilda Ocampos solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación de la causa a juicio oral y público, así como el mantenimiento de las medidas cautelares vigentes, considerando la gravedad de los hechos y la alta expectativa de pena privativa de libertad. La acusación se presentó ante la jueza Carina Frutos Recalde, del Juzgado de Garantías de Presidente Franco.

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