El comunicador Camilo Soares reconoció haber grabado una reunión con el exintendente Mario Ferreiro y su hermano, el exsenador Adolfo Ferreiro. Al ser consultado sobre si entregaría o no el audio, aseguró que no confía en el Ministerio Público y que está analizando las opciones.

“Yo tengo varias cuestiones bajo resguardo en una escribanía y vamos a ir aflojando de acuerdo a la causa. Yo me temo que ellos quieran hacer un blanqueo”, respondió al ser consultado en la 730 AM sobre el por qué no entregaría el audio a la Fiscalía.

Esta grabación correspondería a la reunión en la que el comunicador asegura que “por seguridad, le pidieron bajarse los pantalones para ver si no tenía un micrófono”

Tras la denuncia de Soares, la fiscal Stella Marys Cano allanó la Municipalidad de Asunción en conjunto con efectivos del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional. Teléfonos celulares y documentos de la oficina del jefe de gabinete y del jefe de Recursos Humanos son parte de los elementos incautados y la agente afirma que de momento no es necesario allanar la oficina de Ferreiro ni incautar su celular.

Por su parte, tanto el exintendente como el concejal Rodrigo Buongermini aseguran que se trata de una persecución política. “No puede ser que ahora con un meme y unas cuantas capturas de pantalla abramos un proceso penal”, disparó este último el pasado viernes. La exdiputada Rocío Casco sostiene que es la primera interesada en que esta situación se aclare.

El Ministerio Público formuló una imputación contra seis funcionarios de la Municipalidad de Asunción. Los mismos pertenecen al primer anillo del intendente Mario Ferreiro y están acusados por supuesto tráfico de influencia, lesión de confianza y coacción. El juez Gustavo Amarilla admitió la imputación contra Casco, así como contra Marcelo Mancuello, Víctor Ocampos y Aureliano Servín, pero devolvió el documento contra los parientes del ex jefe comunal porque la Fiscalía no hace alusión a una conducta delictiva más que ser parte del grupo de Telegram “Asado de fin de semana”.

Las audiencias ante la Fiscalía para tomar declaración indagatoria fueron pactadas para los días 30 y 31 de diciembre y 2 de enero, mientras que la imposición de medidas serán el 3 y 6 de enero.