El acuerdo entre víctimas y estafadores, en el caso robo de indemnización dada por la Ande, todavía tiene un capítulo clave por definirse: la ‘cola’ de dinero, de 125 millones, que se sacó de los 800 millones que correspondía a las dos familias damnificadas.

El acuerdo arribado en una escribanía, consignaba que los embaucadores debían abonar 300 millones a cada una de las familias, lo que sumado a los 75 millones que inicialmente dieron, quedó un remanente de 125 millones.

“Esa es una cuestión que aún no está resuelta, porque el acuerdo fue entre las dos partes, se debe tener en cuenta que es dinero del Estado (el faltante del monto de indemnización) que debe ser atendido”, dijo la fiscal Norma Salinas, quien ya elevó a 8 el número de personas que imputadas por el fraude.

En ámbitos de la pesquisa, todavía mencionan que podría haber más personas implicadas, teniendo en cuenta la parte relacionada a las escrituras de poder que se fraguó para intentar dar un ropaje legal a la estafa.

Para la Fiscalía, la producción de documentos no auténticos tiene expectativas de pena de hasta 10 años de cárcel, ya que la gravedad afecta a instituciones públicas.

Los imputados deberán someterse al juzgado penal de garantías el 18 de octubre, próximo, en lo que será el inicio del proceso que, al margen del acuerdo entre partes, se abre la posibilidad de que los estafadores paguen con prisión.

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