Cámara de Diputados invierte USD 2 millones en seguro médico

Asismed proporcionará cobertura médica a 1.480 funcionarios de la Cámara de Diputados por G. 15.177 millones. Parlamentarios mantienen renuncia al beneficio.

La Cámara de Diputados adjudicó a la empresa Asismed el contrato para la provisión de servicios de seguro médico destinado a los funcionarios de la institución. La licitación, identificada con el ID 457149, representa una inversión de G. 15.177.600.000, equivalente a aproximadamente USD 1,9 millones al cambio actual, para cubrir las necesidades de salud de los trabajadores durante los próximos 12 meses.

El contrato beneficiará exclusivamente a los 1.480 funcionarios de la Cámara Baja, ya que los parlamentarios renunciaron a este beneficio durante la pandemia del COVID-19. Según establece el pliego de bases y condiciones (PBC), cada funcionario dispondrá de una cobertura mensual valorada en G. 850.000 para atenciones médicas. Al tratarse de un contrato abierto, la institución legislativa deberá abonar un monto mínimo de G. 7.589 millones durante la vigencia del acuerdo
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a través de su portal web, informa que por la naturaleza del servicio contratado, la Cámara de Diputados no realizará pagos anticipados a la empresa proveedora. Adicionalmente, el documento especifica que la continuidad del contrato está condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestarios aprobados para el siguiente ejercicio fiscal.
Este proceso de contratación se desarrolla en un contexto particular, considerando que en noviembre de 2024, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó su decisión de no reincorporar el seguro médico para los legisladores. En aquella ocasión, los parlamentarios optaron por reasignar aproximadamente G. 1.500 millones, que originalmente podrían haberse destinado a este beneficio, hacia gastos de aseo, mantenimiento y reparaciones de la infraestructura institucional.
La renuncia de los diputados al seguro médico tiene sus orígenes en 2018, cuando las entonces legisladoras Kattya González y Norma Camacho anunciaron públicamente su decisión de prescindir de este privilegio como gesto de austeridad. Esta iniciativa fue posteriormente adoptada por la bancada del Partido Patria Querida, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, sentando un precedente que luego se generalizó entre los demás parlamentarios.
La decisión de mantener el seguro médico exclusivamente para funcionarios mientras los legisladores continúan sin este beneficio refleja una política institucional diferenciada en cuanto a la asignación de recursos para cobertura sanitaria. El contrato actual, que representará un desembolso significativo para las arcas públicas, ha sido formalizado siguiendo los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones públicas, garantizando así la transparencia en el proceso de adjudicación a la empresa Asismed.
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