En diálogo con nuestro medio, el abogado Dionisio Piñanez, representante legal de la familia de María Fernanda, la joven asesinada, se pronunció sobre la denuncia presentada por Franco Acosta, quien acusó a la fiscal Gloria Rojas  de un supuesto pedido de coima a cambio de beneficios procesales.

Acosta había presentado grabaciones en las que, según él, se evidencia un pedido de dinero por parte de la fiscal, del abogado y del padre de la víctima. El representante legal de la familia desmintió categóricamente esta versión y aseguró que las conversaciones fueron sacadas de contexto.

Piñanez explicó que fue el propio Franco Acosta quien lo contactó y acudió hasta su domicilio para hablar sobre una posible salida alternativa a su proceso.

“Él va hasta mi domicilio y efectivamente mantuvimos esta entrevista. Él no me dijo que me estaba filmando; entonces es una violación a mi derecho a la privacidad, porque fue en mi vehículo donde estábamos”, afirmó.

Según el abogado, Acosta, quien también es profesional del derecho, consultó sobre la figura de la suspensión condicional del procedimiento —una alternativa prevista en el Código Procesal Penal—, pero luego intentó presentar esa conversación como si fuera un pedido irregular.

“Él como abogado sabe cuál sería una alternativa a su situación. Pero me decía: ‘¿Cómo voy a reconocer los hechos si soy inocente?’”, relató.

Piñanez agregó que, como en toda salida alternativa, se habló de una indemnización, punto que Acosta intentó usar para sustentar una supuesta coima.

“Conversamos y mi propuesta era de 300 millones. Es importante entender que, si él reconoce un hecho, surge la figura del daño civil emergente del delito. Es un derecho de la víctima reclamar una indemnización. Esto es totalmente legal”.

El abogado también afirmó que existen elementos que vinculan a Franco Acosta con el caso, más allá de la investigación del autor principal del crimen.

Entre ellos, mencionó que Acosta había borrado el circuito cerrado de su farmacia, además de mantener conversaciones con el presunto asesino de María Fernanda.

“Hay mensajes donde el menor le pide medicamentos para la interrupción del embarazo días antes del asesinato”, explicó.

Piñanez añadió que la autopsia reveló lesiones en el área genital externa de la joven y la existencia de prácticas relacionadas con un aborto.

“Hay elementos que nos convencen de que él tiene participación como cómplice en la tentativa de aborto y en la frustración ya evidenciada”, aseguró.

“Quiere embarrar la causa”

Sobre la reunión de Acosta con el padre de María Fernanda, Piñanez indicó que el hombre solo le respondió: “Andá, hablá con mi abogado”, descartando cualquier negociación directa.

Para el representante de la familia, la denuncia de Acosta busca desviar la atención: “No sé qué pretende; de victimario quiere pasar a víctima”.

Piñanez reafirmó que la fiscalía y la querella han actuado dentro del marco legal y que el caso ya cuenta con suficientes elementos para sostener las acusaciones en la etapa preliminar.

“Lo que quiere hacer entender el acusado es que se negocia, y no es ningún negocio. La indemnización es consecuencia legal de la medida alternativa, no un pedido irregular”, subrayó.

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