El juez Rodney Gustavo Ovelar resolvió rechazar la solicitud de modificación de la calificación penal presentada por la defensa de Franco Antonio Acosta Céspedes, propietario de la farmacia «Antonio Fabián», imputado en el marco de la investigación por el crimen de la joven María Fernanda Benítez.

Acosta Céspedes enfrenta cargos por tentativa de aborto y frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de presunto proveedor de medicamentos abortivos al adolescente imputado como autor del crimen. La defensa había solicitado cambiar la figura penal, alegando que el imputado no tuvo participación directa ni se encontraba en el lugar de los hechos.

La señora Ada Céspedes madre y abogada del procesado sostuvo que Acosta se hallaba en el Campus Santa Librada de la Universidad Católica de Lambaré el día en que se presume ocurrió el crimen, por lo que pidió la revisión de la imputación. Sin embargo, el magistrado Ovelar consideró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes que desvinculen al imputado del hecho investigado.

“La solicitud de cambio de calificación resulta improcedente, teniendo en cuenta el estado incipiente de la investigación y la firme oposición del Ministerio Público”, afirmó el juez en su resolución.

Según la imputación, el 29 de mayo, Acosta solicitó por teléfono instrucciones para borrar por completo los archivos del circuito cerrado de su local comercial, lo que para la Fiscalía representa una maniobra para obstruir la investigación. Además, se menciona la existencia de transcripciones de mensajes atribuidos a un contacto identificado como “Franco Farmacia”, en el que presuntamente se conversa con el principal sospechoso sobre la provisión de medicamentos abortivos.

La fiscal del caso, Gloria Rojas, sostiene que los elementos colectados hasta ahora son suficientes para mantener la imputación vigente contra el farmacéutico, en tanto continúan las diligencias en torno a este crimen que conmocionó a la ciuda

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