Criptominería en la mira para aumentar ingresos por energía
Autoridades de la Itaipú volvieron ayer a defender el acuerdo por la tarifa de la entidad, y subrayaron que el país debe obtener más recursos por su energía, con la criptominería como posibilidad.
Autoridades del Gobierno defendieron ayer una vez más los logros por el acuerdo en relación con la tarifa de la Itaipú Binacional (IB) ante los diputados, convocados por la mesa directiva de la Cámara Baja. Insistieron que los beneficios son de USD 1.250 millones al año para Paraguay, con USD 1.950 millones para gastos sociales en tres años.
En el encuentro también hubo un debate sobre la venta de la energía paraguaya a las criptominerías. En este sentido, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), ingeniero Félix Sosa, defendió que existen casi 60 empresas que reportarán USD 100 millones de ingresos al año para la estatal con la criptominería legal, y que este monto puede subir hasta los USD 300 millones en los próximos años. “Es una ventana de oportunidad, pagan entre 18% y 26% adicional a la tarifa de los demás clientes”, relató.
En el mismo sentido se expresaron la jefa de gabinete Lea Giménez y el ministro de Industria, Javier Giménez, ambos también consejeros de Itaipú, señalando que las criptominerías son una posibilidad de corto plazo para monetizar y conseguir recursos para la ANDE, entidad que necesita al menos de USD 400 millones al año en la próxima década para cubrir sus planes de inversión.
El titular de Industria y Comercio incluso subrayó que en 2023 se produjeron 83 millones de MWh en Itaipú, y con la energía que le sobra a Paraguay, unos 20 millones de MWh, se pueden instalar 8.000 industrias
Más. Sosa relató a su vez que existen contratos firmados para producción de hidrógeno verde, con la empresa Atome que empezará a producir amoniaco verde para fertilizantes desde junio de 2025 y otras compañías con planes similares para diciembre del próximo año
Añadió que existe un trabajo coordinado con los ministerios de Industria y de Economía para elaborar una política sobre hidrógeno verde, considerando que las empresas que se dedican al rubro necesitan de un suministro de al menos 15 años, y debe evaluarse para no afectar el suministro a los demás clientes.
El presidente de la ANDE también relató el combate que están haciendo a las criptominerías ilegales, con un monitoreo de los 500 alimentadores de la ANDE a nivel nacional. Detalló que ya fueron intervenidas 73 criptominerías ilegales, con apoyo del Ministerio Público, y agradeció la media sanción al proyecto de ley que criminaliza el robo de energía eléctrica para fines de uso intensivo, “lo que ayudará a erradicar este flagelo”. Estas empresas irregulares representan para la ANDE una pérdida de entre USD 50 y 60 millones anualmente, además de ocasionar problemas en el suministro eléctrico. Por este motivo, el Ejecutivo envío un proyecto de modificación del artículo 173 del Código Penal, buscando ampliar la pena por robo de energía hasta los 10 años de cárcel, para aquellos que sustraen la electricidad para fines comerciales, industriales o con el objetivo de obtener algún lucro con ella.
