Demanda de Arrom y Martí contra el Estado por USD 80 millones será resuelta
La demanda de USD 80 millones contra el Estado entablada por Juan Arrom y Anuncio Martí ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la supuesta negligencia en la investigación del presunto secuestro del que habrían sido víctimas, se definirá el próximo 7 de febrero.
Los ex integrantes del Partido Patria Libre (PPL), Juan Arrom y Anuncio Martí, sospechosos del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001, habían demandado al Estado por USD 80 millones en el año 2004, por una supuesta negligencia en el proceso de investigación del presunto secuestro que habrían sufrido, previo a la liberación de la mujer. El caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podría definirse el próximo 7 de febrero.
En contacto con Última Hora, el fiscal de Derechos Humanos, Ricardo Merlo, explicó que la Corte emitió un dictamen denominado “economía procesal” por el cual permite al Estado presentar un solo testigo, de los cinco que propusieron, que sería en este caso Germán Latorre, quien se desempeñaba como fiscal general cuando ocurrieron los hechos. Por la otra parte se aceptaron dos testigos, que serían Juan Arrom y su hermana.
En ese sentido, dijo que resulta inadmisible y llamativo que se tome esta medida para un caso que duró tantos años y que tiene en juego una suma de dinero tan grande que «pagarán todos los paraguayos».
Refirió que no entienden el dictamen y su justificación, pero que ha sido cercenado el derecho del Estado para ejercer su defensa y exponer el caso.
Asimismo, dijo que es extraño que se fije un solo día para escuchar a los testigos y emitir un dictamen a favor o en contra, pero que están preparados para debatir los hechos por los cuales se acusa al Estado de negligencia.
Refirió que los fiscales que llevaron la causa, el médico forense y psicólogos del Ministerio Público quedaron fuera de la posibilidad de poder testificar ante la Corte.
Arrom y Martí son sospechosos de haber participado del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido el 16 de noviembre del 2001, quien fue liberada luego del pago de USD 1 millón el 19 de febrero de 2002.
Sin embargo, entre los días 17 y 30 de enero del 2002, ambos miembros fueron supuestamente retenidos contra su voluntad y torturados por agentes policiales, por lo que demandaron al Estado y pidieron USD 80 millones en concepto de indemnización.
El Partido Patria Libre se convirtió posteriormente en el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
