La Contraloría Ciu­dadana de Ciudad del Este realizó ayer una nueva denuncia ante el Ministerio Público sobre la administración municipal del destituido intendente Miguel Prieto.

Se trata de lo que presentaron como la “mafia del combus­tible”, que consiste en el uso ilegal de combustibles paga­dos con recursos comunales. En la acusación se mencionan a funcionarios y concejales municipales.

“Hemos detectado graves perjuicios a las finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de lo que pode­mos llamar la mafia de los combustibles, al detectarse que se han fraguado, produ­cido y utilizado documentos de contenido falso para apro­piarse de los recursos finan­cieros de la comuna”, dice parte de la denuncia ante la Fiscalía. Uno de los hechos expuestos refiere que, en el cupo de G. 3.000.000 asig­nados a los concejales para el retiro de combustible mediante un contrato con la expendedora del emblema Petropar, existen casos donde en vez de combusti­ble retiraban dinero.

Otra denuncia tiene que ver con los combustibles asig­nados a dependencias poli­ciales que nunca fueron entregados; los documentos presentados eran de conte­nido falso, teniendo en cuenta que la Policía Nacional desco­noció las supuestas provisio­nes. En este punto, la denun­cia menciona el informe final de la intervención, donde está registrada la irregularidad en la entrega de combustible a la Policía.

“El equipo de Intervención constató que, dentro de la dependencia de la Municipa­lidad, específicamente en las áreas encargadas del control de uso de combustible, se fal­sificaron o fraguaron tickets de carga, lo que se confirma en las notas de contestación remitidas por las autoridades policiales”, señala la denun­cia. Agrega que “las personas nombradas, los números de chapas, los sellos utilizados, no corresponden a la Poli­cía Nacional, de lo cual surge que solo en el mes de mayo de 2025 se registró un perjuicio de G. 10.422.504 a la institu­ción municipal”.

La conclusión de la Con­traloría Ciudadana es que los documentos analizados comprueban una “repartija descomunal y salvaje” de fondos destinados al rubro de combustibles, causando un enorme e irreparable per­juicio financiero a la Munici­palidad de Ciudad del Este.

“Anualmente es presupues­tada la suma de 6 mil millones de guaraníes, monto que se distribuye al mar­gen de las disposiciones legales entre funcionarios, concejales municipales y empresas concesionarias de recolección de basura, detectándose que poseen Tarjetas Registradoras para concurrir a las estaciones de servicio de Petropar y cargar en sus respectivos vehículos sin ningún tipo de control adecuado”, agrega el escrito.

La directora de Servicios Municipales, Dirce Ledezma, figura entre las personas pre­suntamente comprometidas con el esquema de corrup­ción, según lo expuesto ante la Fiscalía, por hechos ocurri­dos desde 2019 hasta agosto de 2025. En ese periodo se gastaron en combustible unos 5,5 millones de dólares, de acuerdo con la denuncia.

Los firmantes de la acusa­ción son Magdalena Montiel, Gricelda Fernández, Sergio Alejandro Sánchez, Víc­tor Hugo Vázquez Leguiza­món, Óscar Nicolás Delva­lle, Óscar Rubén Melgarejo, entre otros, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez, también miembro de la orga­nización civil.

Una nueva recusación vol­vió a suspender la audiencia preliminar contra el exin­tendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, y otros impu­tados por lesión de confianza en el marco del caso conocido como Tajy. La exfunciona­ria Cirle Elizabeth Alca­raz, encargada de órdenes de pago, presentó la recu­sación contra el juez Hum­berto Otazú, lo que derivó en la suspensión del acto judicial. Además de Prieto y Alcaraz, la causa involu­cra a Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y sumi­nistros de la Municipalidad; Nelson Alexis Segovia Ace­vedo, tesorero municipal; y otros, quienes están impu­tados por lesión de confianza y administración en prove­cho propio, ambos en calidad de cómplices, así como por asociación criminal, en cali­dad de coautores, informó el periodista Aldo Ynsfrán.

La Fiscalía sostiene que el 11 de junio de 2020 se efec­tuó un pago irregular por un monto de G. 306.188.500 a favor de la firma provee­dora Tajy, por mercaderías que no fueron entregadas, constituyendo así un hecho de corrupción y perjuicio al Estado.Con la recusación presentada, el expediente ahora será analizado por los integrantes del Tribunal de Apelación, quienes podrían además sancionar tanto al abogado defensor como a la propia Alcaraz por lo que califican como una actitud dilatoria que obstaculiza el avance del proceso.

En paralelo, Prieto enfrenta otro proceso penal por lesión de confianza en el denominado caso “Tía Chela”. El magis­trado Otazú deberá fijar la nueva fecha para la audiencia preliminar correspondiente a este segundo expediente.

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