Con duras críticas por falta de ley de derribo, fue aprobado el millonario préstamo para comprar aviones Super Tucano.

El Congreso sancionó el préstamo de más de USD 100 millones para adquirir seis aviones Super Tucano, pese a la falta de una legislación que permita derribar narcoavionetas, lo que desató una fuerte polémica en el ámbito político.

La Cámara de Diputados aprobó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto que formaliza el crédito entre el Estado paraguayo y el Banco de Desarrollo Social, con el objetivo de incorporar seis aeronaves A-29 Super Tucano de fabricación brasileña para uso de la Fuerza Aérea.

Según el Ministerio de Defensa Nacional, estas aeronaves permitirán reforzar el control del espacio aéreo como parte de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Sin embargo, legisladores opositores cuestionaron duramente la inversión debido a la ausencia de un marco legal que habilite medidas efectivas como el derribo de vuelos ilegales.

El diputado Rubén Rubín calificó la compra como “un gasto innecesario” y señaló que, sin una ley de derribo, el país dependerá de la autorización de Brasil para actuar contra narcoavionetas, debilitando su soberanía. Añadió además que esta operación formó parte de una “imposición” del Gobierno brasileño como moneda de cambio en la negociación sobre Itaipú.

Por su parte, Leidy Galeano denunció que las aeronaves están presuntamente sobrefacturadas, citando precios internacionales más bajos que los acordados en el contrato con Embraer. Desde su bancada, otros legisladores expresaron su preocupación por el crecimiento de la deuda externa y la falta de inversión en áreas sociales clave como salud y agricultura.

No obstante, desde el oficialismo, la diputada Rocío Abed defendió con firmeza la iniciativa, acusando a sus colegas críticos de “poner trabas” al fortalecimiento de la defensa nacional. Argumentó que se trata de una inversión necesaria para combatir al narcotráfico y proteger la seguridad interna.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, afirmó que el desarrollo de capacidades defensivas no debe verse como opuesto al fortalecimiento de otras áreas del Estado. Aseguró que el gobierno tiene la obligación de avanzar en seguridad nacional al mismo tiempo que mejora los servicios públicos.

La compra de los Super Tucano, valuados en más de USD 17 millones por unidad, fue aprobada con el respaldo mayoritario de los sectores oficialistas y sus aliados. La administración de la operación estará a cargo del Ministerio de Defensa, y las aeronaves serán integradas a la Fuerza Aérea Paraguaya.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre su uso real en operativos antidrogas, ante la falta de una legislación que habilite medidas coercitivas efectivas. La discusión sobre una ley de derribo continúa pendiente en el Congreso.