Gremios docentes confirman paro nacional 18-19 agosto exigiendo reajuste salarial 5% adicional e implementación de carrera docente pendiente.

La Unión Nacional de Educadores confirmó la realización de un paro nacional de 48 horas los días 18 y 19 de agosto. La medida incluye movilizaciones simultáneas en diferentes departamentos del país como forma de presión para obtener mejoras salariales. Los gremios docentes exigen un incremento del 5% adicional al 3,6% establecido por el índice inflacionario oficial.

Los representantes sindicales fundamentaron su decisión en la insuficiencia del anteproyecto presupuestario presentado por el Ministerio de Economía. Durante una conferencia de prensa conjunta, los dirigentes señalaron que la propuesta gubernamental no especifica claramente el incremento salarial solicitado. La ausencia de precisiones técnicas en el documento oficial motivó el rechazo de las organizaciones gremiales.

El reclamo central se concentra en la recuperación del poder adquisitivo de los educadores, deteriorado según los sindicatos por la aplicación exclusiva de ajustes inflacionarios. Los dirigentes argumentan que el sector educativo requiere un tratamiento diferenciado debido a la importancia estratégica de la profesión docente. La propuesta oficial no contempla las demandas específicas del magisterio nacional.

Los gremios insistieron en la reglamentación inmediata de la carrera docente, proyecto elaborado desde 2016 que permanece sin implementación efectiva. Esta normativa establecería escalafones profesionales, criterios de promoción y mejoras estructurales en las condiciones laborales. Los dirigentes consideran fundamental la dignificación de la profesión mediante marcos regulatorios específicos y actualizados.

Las organizaciones sindicales manifestaron disponibilidad para mantener el diálogo con las autoridades gubernamentales, incluso durante los días feriados, para resolver el conflicto. Sin embargo, rechazaron categóricamente cualquier tipo de presión o amenaza por ejercer el derecho constitucional a la protesta. Los dirigentes calificaron estas acciones como propias de gestiones autoritarias incompatibles con el sistema democrático.

La crítica sindical se extendió hacia la disparidad salarial existente en el sector público. Los representantes gremiales señalaron que funcionarios con vínculos políticos perciben remuneraciones superiores, mientras docentes contratados no alcanzan el salario mínimo legal. Esta inequidad motivó demandas de redistribución más equitativa de los recursos presupuestarios estatales.

El calendario legislativo establece como fecha límite el 31 de agosto para que el Ministerio de Economía presente el proyecto presupuestario ante la Comisión Bicameral del Congreso. Los docentes exigen que la educación reciba prioridad en la asignación de recursos públicos. La presión gremial busca influir en las definiciones presupuestarias antes del vencimiento del plazo legal establecido.

Los sindicatos reiteraron que la mejora educativa requiere inversión integral que incluya remuneraciones dignas, formación profesional continua e infraestructura escolar adecuada. La estrategia gremial apunta a vincular las demandas salariales con objetivos de calidad educativa nacional. El paro busca visibilizar la importancia del sector educativo en el desarrollo del país y presionar por soluciones estructurales definitivas.

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