El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su implicación en casos de corrupción durante sus años en funciones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó a través de un comunicado oficial que la designación, realizada bajo la Sección 7031(c) del Departamento de Estado, impide que tanto Kirchner como De Vido, junto con sus familiares directos, puedan ingresar a Estados Unidos.Rubio detalló que Kirchner y De Vido «abusaron de sus cargos públicos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de sobornos relacionados con contratos de obras públicas», lo que resultó en el desvío de millones de dólares del gobierno argentino.Según el comunicado, múltiples tribunales han condenado a ambos exfuncionarios por corrupción, lo que ha erosionado la confianza de la población y los inversores en el futuro de Argentina.»La designación de Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido subraya el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la corrupción a nivel global, incluso en los más altos niveles de gobierno», expresó Rubio en la declaración oficial.

Las sanciones se enmarcan dentro de la Sección 7031(c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, que exige que el Secretario de Estado haga públicas o privadas las designaciones de funcionarios extranjeros involucrados en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos.

Estados Unidos ha señalado que continuará impulsando la rendición de cuentas de quienes abusen del poder público para su enriquecimiento personal.

En 2022 Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de cárcel por el cargo de corrupción por la obra pública vial en Santa Cruz, un proceso que se desarrolló entre 2003 y 2015, además de recibir una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La entonces vicepresidenta argentina, quien no fue a la cárcel por el fuero que le otorga su cargo en el gobierno de su país, escuchó su sentencia en vivo desde su oficina en el Senado y comentó que su sanción “no es una condena por las leyes de la Constitución o el Código Penal”.

La Justicia de Argentina le pedía a la funcionaria 12 años de cárcel por irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su mandato como presidenta entre 2007 y 2015, informó antes del juicio el Ministerio Fiscal Público del país suramericano.

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