Fiscalía imputa a Rubén Villalba por asociación criminal y pide su prisión
El Ministerio Público imputó a Rubén Villalba, de 59 años, por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, amenaza de hechos punibles y transgresión a la ley de armas. Además, solicitó su prisión preventiva.El agente fiscal de la Unidad Penal 3 de Curuguaty, Christian Roig, formuló imputación en contra de Rubén Villalba, de 59 años y solicitó al Juzgado que dicte su prisión preventiva por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, amenaza de hechos punibles y transgresión a la ley 4036 de armas (art. 94 detentación).El hombre fue detenido en la madrugada de este lunes durante un operativo fiscal-policial en un inmueble situado en la localidad de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú.
El agente fiscal del Ministerio Público también imputó y pidió la prisión preventiva de Juan Carlos Herrera Rojas, de 30 años, considerado cómplice en el supuesto hecho de asociación criminal y amenaza de hechos punibles.Según el Ministerio Público, Villalba es sindicado de haber liderado un grupo que aparentemente cometió hechos delictivos, generando zozobra en una propiedad privada con armas largas y otros objetos contundentes.
El trabajo para su detención llevó al menos tres meses y se concretó en una zona invadida, con el fin de que el hombre pueda ser sometido a la Justicia por estos hechos.
Villalba había sido condenado por la muerte de policías durante la masacre de Curuguaty, pero al igual que los demás procesados, fue absuelto años después.Rubén Villalba contaba con 6 órdenes de detención y era sindicado en otras causas referentes a invasión de inmueble ajeno y otro hecho de invasión en otro predio colindante a la misma.
Su proceso por el caso Curuguaty
Rubén Villalba fue condenado primeramente a 30 años de cárcel más cinco de medida de seguridad por la masacre de Curuguaty, registrada el 15 de junio de 2012, donde fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Luego de unos años de reclusión, finalmente fue absuelto por esa causa.
Tras su liberación, fue investigado por hechos de ocupación con enfrentamientos que derivaron en muertes.
La Fiscalía lo tiene como sospechoso de liderar una ocupación donde fueron asesinados un tractorista y un policía en Yasy Cañy, en febrero de 2022.
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