Funcionarios de la ANDE cierran sede central y dejan a la deriva a usuarios
Funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) cerraron hoy la sede central de la institución, sobre la avenida España, porque preparan una manifestación en contra de los recortes de sus millonarios beneficios que prevé el Ministerio de Hacienda. Decenas de usuarios que fueron a hacer trámites quedaron a la deriva.
Los funcionarios de la ANDE no quieren que el Estado les recorte los millonarios beneficios que perciben dentro de una política de reducción que pretende implementar el Ministerio de Hacienda a través de un decreto.
Prevén manifestarse este lunes desde las 09:30 frente al Ministerio de Hacienda, en el microcentro de Asunción, pero antes decidieron no abrir las instalaciones de la sede central, sobre la avenida España esquina Washington, en el barrio Las Mercedes de Asunción.
Varios usuarios que fueron a hacer diferentes trámites se encontraron con la sorpresa, informó Luis López, periodista de ABC TV.
Por ejemplo, una mujer llamada Angélica contó que viajó desde Limpio para hacer un reclamo por supuesta sobrefacturación. Perdió mucho tiempo y se encontró con que los trabajadores no iban a atender hoy.
“Venimos a reclamar porque demasiado nos vino la factura y queremos saber el porqué. A mi hermano le cambiaron su medidor, primero vino G. 17.000, luego G. 500.000 y después G. 883.000. Nos encontramos con esta sorpresa, no sé de qué se trata. No podemos pagar. Vinimos de Limpio, el viaje dura 45 minutos”, lamentó.
Se espera que a los funcionarios de ANDE se adhieran otros de diferentes instituciones públicas para esta manifestación. La Policía estableció un perímetro de seguridad en las adyacencias de la sede de Hacienda, ubicada sobre Palma esquina Chile.
A criterio de los sindicatos de entes estatales el Estado, con el decreto se está violando aspectos contemplados en el contrato colectivo, la legislación laboral y la Constitución. Sin embargo, para el ministro de Hacienda, los beneficios son de dudosa legalidad y considera que en vez de manifestaciones y amedrentamientos deberían recurrir a la Justicia si están tan seguros de sus reclamos.
El decreto cuestionado por los funcionarios limita el pago de beneficios adicionales a sus salarios, como la ayuda vacacional, ayuda alimentaria y escolaridad que están presupuestados bajo el rubro de subsidio familiar y que representan en el presupuesto más de US$ 75 millones.
