La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Ramón Ramírez, detectó una presunta malversación por G. 29.000 millones en la administración del intendente Miguel Prieto. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista, este martes, en conferencia de prensa.

La administración del líder del movimiento Yo Creo contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. La utilización irregular de este recurso fue reportado por la Contraloría General de la República (CGR), y forma parte de los puntos claves que sustentaron el requerimiento de indagación.

Por otro lado, datos desprendidos de la revisión administrativa y financiera realizada sobre recursos canalizados a través del Consejo Local de Salud (CLS), entre los años 2019 y 2022, que alcanzaron más de G 10.500 millones en el periodo indicado, demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

Por ejemplo, de dicho total casi G 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figura en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Las irregularidades incluyen transferencias sin documentación técnica ni aprobación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), pagos sin certificaciones de avance de obras, y la elusión de procesos legales de contratación.

Además, las obras carecieron de supervisión y actas de recepción final, por lo que no existe garantía alguna sobre su calidad, seguridad ni cumplimiento de estándares mínimos.

Además, señaló que el órgano municipal que debía controlar estos gastos tenía una doble función. “El titular de la Dirección de Desarrollo Social,(Sebastián Martínez) quien debía auditar estas transferencias, también era miembro del Consejo de Salud. Es decir, juez y parte”, sostuvo el interventor.

Los documentos muestran como el intendente, Miguel Prieto Vallejos, y el entonces presidente del Consejo Local de Salud (CLS), actual diputado, Walter García, utilizaron al sistema de salud pública de Ciudad del Este para un presunto enriquecimiento ilícito. El agravante es que lo hicieron en la pandemia, cuando miles de paraguayos murieron.