El presidente del gremio de magistrados judiciales del Paraguay, Ángel Cohene, advirtió que una eventual modificación de la Caja Fiscal para el ámbito del Poder Judicial podría provocar una ola de jubilaciones y renuncias masivas, afectando seriamente el funcionamiento del sistema de justicia. Aseguró que esta caja jubilatoria no registra déficit.

En entrevista con GEN, Ángel Cohene sostuvo que los magistrados, actuarios, defensores públicos y fiscales no aceptarán cambios unilaterales en las condiciones jubilatorias bajo las cuales aportaron durante décadas. “Estamos trabajando de manera coordinada con la Asociación de Defensores Públicos, la Asociación de Jueces, la Asociación de Fiscales y los sindicatos de actuarios del Poder Judicial”, afirmó.

El titular del gremio señaló que este lunes mantienen una agenda intensa en el Congreso Nacional, donde fueron convocados por comisiones legislativas y mantienen audiencias con varios senadores, entre ellos Natalicio Chase, con el objetivo de exponer su postura frente al proyecto de modificación de la Caja Fiscal.

Cohene recordó que los magistrados y actuarios están amparados por el Decreto Ley 23/54, que establece la jubilación a los 50 años de edad con 24 años de servicio. Sin embargo, la propuesta en debate elevaría ese umbral hasta los 57 años, lo que genera una fuerte incertidumbre.

“Si a alguien le cambian las reglas de juego de un día para otro, es lógico que opte por la jubilación más benéfica”, explicó. En ese sentido, indicó que alrededor de 250 magistrados ya cuentan con resoluciones de jubilación en servicio y podrían acogerse de manera inmediata.

Además, alertó sobre magistrados con entre 10 y 15 años de aporte que quedarían “colgados” con la nueva normativa, así como defensores públicos y fiscales que ya tienen resoluciones en mano.

El presidente del gremio advirtió que una renuncia masiva tendría un impacto directo en la administración de justicia, ya que el Consejo de la Magistratura necesita entre un año y medio para cubrir una vacancia. “Imagínese el problema institucional si se concreta una jubilación masiva”, subrayó.

Cohene rechazó además el argumento de un supuesto déficit en la caja de magistrados judiciales. Aseguró que hasta el año 2023 existía un superávit extraordinario, y que el desequilibrio actual responde más a rumores y a la incertidumbre generada por el proyecto de ley.

“Si sumamos el superávit acumulado con lo que hoy se considera déficit, la caja de magistrados no está en déficit”, afirmó.

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