La familia Chávez Franco emitió un comunicado para denunciar que un juez emitió una medida cautelar para evitar que se mencione a las mujeres condenadas por la muerte de Sol Chávez, ocurrida en abril de 2021 debido a un paro cardiorrespiratorio horas después de haber ingerido 2 gramos de flúor en comprimidos.

“Como si fuese poco todo el sufrimiento que venimos pasando con mi familia en busca de la tan anhelada justicia por la muerte de nuestra María Sol, hoy la propia ‘Justicia’, por medio del juez de Paz José Segundo Velázquez Alfonso, pretende cercenarnos en nuestro derecho como víctimas y en nuestro sufrimiento como padres que perdieron a una hija, dictando una medida cautelar sin sustento alguno a raíz de una denuncia por supuesta violencia contra la mujer formulada por la odontóloga, quien ya fue declarada culpable de la muerte de María Sol Chávez por un Tribunal de Sentencia”, señala el comunicado.

Agregaron que el juez “pretende silenciar” a la familia mediante una “medida coercitiva”, pero advirtieron que seguirán luchando, esperando que las más altas autoridades del Poder Judicial investiguen al juez Velázquez Alfonso. “Y que sepan que también existe la mafia de dictar medidas cautelares coercitivas sin sustento alguno que no son más que una abierta violación a nuestra libertad de expresión y nuestro derecho de exigir justicia”, enfatizó la familia.

La denuncia de la odontóloga y la medida cautelar

En el documento compartido con ABC Color por la familia se observa que la odontóloga denunció a los padres de Sol utilizando la “Ley 5.777/2016″, de violencia contra la mujer. Aseguró que estos han venido realizando “todo tipo de hostigamiento y violencia” en su contra.

No obstante, la medida cautelar comunicada a la Policía el 26 de marzo y el juez de Lambaré José Segundo Velázquez indica en ese oficio que los padres de Sol Chávez, María Edith Franco y José Domingo Chávez, fueron denunciados por los hechos de “violencia doméstica” en contra de la odontóloga condenada, Lilia Graciela Espinoza, pese a que la denuncia en realidad es por violencia contra la mujer.

El juez ordenó a la Policía Nacional que se disponga la protección de la odontóloga y los padres de la víctima fatal tienen la restricción y prohibición de acercamiento y de realizar “de manera directa o indirecta actos de violencia, sea física, verbal o psicológica”. También dispone la prohibición de comunicación por cualquier medio.

Los padres de la joven fallecida se encuentran “bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se dispondrá medidas más severas”.

El oficio tiene errores y en un apartado se menciona a otra persona totalmente distinta a las dos denunciadas por este caso y el nombre fue “corregido” a bolígrafo.

“Este oficio enviado es una burla, ni siquiera está dirigido a nosotros, es un copy de otro demandado. Este juez firma nomás y no lee, es un inepto e irresponsable. ¿En manos de quiénes estamos? Justicia para Sol”, exclamó María Edith, su madre.

Bajas condenas y nuevo juicio

La odontóloga Lilia Espinoza y la químico-farmacéutica Sandra Hermosa fueron sentenciadas a 2 años de pena privativa de libertad por homicidio culposo el pasado 5 de agosto del 2024. Ante las apelaciones y protestas, un Tribunal de Apelación dispuso en diciembre pasado que se lleve a cabo un nuevo juicio oral y público.

La Cámara de Apelaciones postergó a mediados de este mes de marzo el nuevo juicio. Mientras tanto, los padres llevan a cabo reiteradas protestas y se encadenan frente al Palacio de Justicia, exigiendo justicia.