El diputado abdista Miguel Cuevas, titular de la Cámara Baja, minimizó la grandeza de su vivienda y alegó que las publicaciones que exponen sus bienes forman parte de una persecución política.

La Nación y GEN, del Grupo Nación, se vienen haciendo eco de las desprolijidades de la gestión de Miguel Cue­vas al frente de la Gober­nación de Paraguarí, donde estuvo entre el 2013 y 2017, para luego renunciar a los efectos de ser candidato a diputado.

En charla con la prensa, Cuevas indicó que “es una persecución política” en su contra. “Está el dictamen de la Contraloría, que es el único órgano de control y no La Nación y mucho menos el otro medio GEN”, refirió.

El legislador aseveró que no posee causas judiciales y que todo forma parte de una persecución política del expresidente Horacio Cartes a través de sus medios, por haber ganado en las internas coloradas al bloque de Honor Colorado.

“¡Qué va a valer mil millones mi casa! Mentira. En la foto nomás parece grande. Las puertas están abiertas para la prensa seria, no hay nada que esconder”, aseguró Cuevas.

De acuerdo a la investigación, el 17 de febrero del 2017, la Contraloría General de la República emitió, por Resolución CGR Nº 72, un “informe final” denomi­nado “Examen especial a la ejecución presupues­taria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2016”, realizado a la Goberna­ción de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cue­vas. En dicho informe se encuentran las conclusio­nes y recomendaciones del órgano contralor a la gober­nación para evitar que sigan repitiéndose varias irregu­laridades.

En la “conclusión final” se lee cuanto sigue: “Se emitieron comprobantes de ingresos, varios regis­trados bajo código presu­puestario (se citan núme­ros), por G. 1.482.430.172, los cuales no adjuntan las notas de crédito banca­rio correspondiente”. Asi­mismo, en otro párrafo informa: “Las planillas de certificación de depó­sitos mensual y consoli­dada en concepto del 15% del impuesto inmobilario recaudado por los diferen­tes distritos del departa­mento de Paraguarí en el período 2016 totalizan la suma de G. 1.565.456.284, sin indicar si existen sal­dos pendientes a favor de la gobernación”.

“En el período fiscal 2016 realizó erogaciones en el objeto de gasto 144-Jornales, por un total de G. 2.371.780.766, sin con­siderar los documentos exigidos por la Resolu­ción CGR Nº 653/08 men­cionados a continuación: certificado de disponibili­dad presupuestaria, cons­tancia de la SFP de no ser funcionario, fotocopia del RUC o declaración jurada de no ser contribuyente, informe de la Dirección de RRHH, controles de fir­mas, no se especifica Nº de cheque en el comprobante de pago”, sostiene la Con­traloría en otra parte de su informe final.

Según la Contraloría “existen erogaciones rea­lizadas por importe de G. 2.495.400.000 en el objeto de gasto 874 (comisio­nes vecinales) que no reúnen todos los documentos requeridos (…), como ser: factura de rendición de cuentas sin fecha de emi­sión, las planillas de ren­dición no cuentan con sello de la recepción de la CGR ni de la gobernación, sin acta de constitución de autori­dades, acta no actualizada de constitución de autori­dades”.