La jueza Cynthia Lovera determinó que el músico Pablo Benegas guarde prisión preventiva mientras dure el proceso que enfrenta por abuso sexual en niños y abuso a personas indefensas. Deberá ser recluido en la Penitenciaría de Tacumbú u otro centro penitenciario que defina el Ministerio de Justicia.

El músico Pablo Benegas guardará prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú u otro centro penitenciario que defina el Ministerio de Justicia, según informó el periodista Raúl Ramírez. La jueza Cynthia Lovera tomó la decisión tras la audiencia de imposición de medidas que se realizó este martes.

Benegas está imputado por supuesto abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas, y llegó a la sede del Palacio de Justicia, donde lo esperaban un grupo de periodistas con una serie de preguntas, que, la mayoría de ellas, el músico decidió esquivar. Solo se limitó a decir que es inocente y que confía en la Justicia, según informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

El autor de la canción Soy de mi tierra fue detenido el pasado domingo 12 de noviembre, en su domicilio, tras una denuncia que llegó a la Policía. Los intervinientes se incautaron de los celulares del autor y de los de las dos hermanas que habrían sido víctimas, una niña de 11 y una adolescente de 15 años, respectivamente, que vivían en situación de calle.

La investigación menciona que el artista ahora detenido drogaba a las niñas para, supuestamente, someterlas sexualmente. “La niña de 11 años estuvo dormida. El medicamento tuvo un efecto importante en ella. Ahora ambas están internadas”, declaró el fiscal Luis Chamorro, que está al frente del caso.

Ambas niñas, según lo que manifestaron a los investigadores, lograron escapar aprovechando que el hombre estaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Las hermanas de 11 y 15 años presuntamente abusadas eran explotadas por sus padres que serían consumidores de drogas. Hacían trabajar a las pequeñas en la calle, de acuerdo con las investigaciones.

La identidad de las niñas se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.