Los principales gremios de docentes del país se declararon “en alerta máxima” ante el avance en el Congreso del estudio del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para corregir el déficit del sistema previsional del sector público.
En conferencia de prensa, las organizaciones anunciaron movilizaciones para el próximo 5 de febrero, fecha en la que está prevista una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto.
La preocupación de los gremios surge porque el Gobierno busca introducir modificaciones estructurales al régimen jubilatorio, argumentando la necesidad de garantizar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.

Actualmente, la Caja Fiscal registra un déficit cercano a los USD 380 millones anuales, que debe ser cubierto con recursos del Tesoro, lo que limita la capacidad del Estado para destinar fondos a áreas como inversión pública, salud o programas social

Desde el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se insiste en que la reforma no apunta a recortar derechos, sino a ordenar el sistema, equilibrar ingresos y egresos y asegurar que las futuras generaciones de funcionarios puedan acceder a una jubilación. El proyecto contempla cambios graduales y, según las autoridades, su tratamiento se dará en consenso con los sectores involucrados, incorporando ajustes durante el debate legislativo.
Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor rechazo entre los docentes es la propuesta de elevar la edad mínima jubilatoria, estableciendo una edad extraordinaria de 57 años y una ordinaria de 62 años.
Los educadores sostienen que estas condiciones no reflejan la realidad del trabajo en las aulas y advierten que podría afectar la calidad de vida de los trabajadores al final de su carrera laboral.
Otro aspecto cuestionado es el aporte patronal del Estado, que en el proyecto se fija en 3%. Los gremios docentes consideran insuficiente ese porcentaje y reclaman que el Estado aporte al menos 14% por cada maestro, equiparando el esfuerzo contributivo y fortaleciendo el financiamiento del sistema sin trasladar el mayor peso a los trabajadores.
Pese a las tensiones, desde el Ejecutivo remarcan que la reforma es inevitable si se pretende evitar un colapso de la Caja Fiscal. De no introducirse cambios, advierten, el déficit seguirá creciendo y comprometerá aún más las finanzas públicas.

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