La administración de Copaco denunció ante el Ministerio Público un presunto desvío de fondos por más de G. 1.119 millones, detectado tras un registro contable irregular realizado a inicios de enero, mediante un mecanismo sistemático de simulación de pagos y transferencias a cuentas personales.

El presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Oscar Stark, explicó en entrevista con canal GEN que la irregularidad fue descubierta a partir de un asiento contable sospechoso realizado el 2 de enero, día en que gran parte del personal se encontraba de vacaciones y se procedía al cierre del balance del ejercicio anterior.

Según detalló, ese día un alto funcionario aprovechó la escasa presencia de personal para registrar un pago contable que simulaba una transferencia a la Municipalidad de Asunción. El movimiento llamó la atención del equipo administrativo y, al percatarse de que había sido detectado, el propio autor revirtió el asiento, lo que terminó por confirmar las sospechas.

A partir de ese episodio, la presidencia de Copaco ordenó el cambio inmediato de los funcionarios involucrados y dispuso una auditoría especial, que permitió reconstruir el circuito del presunto desvío.

¿Quiénes están involucrados? La investigación interna apunta al entonces gerente administrativo financiero, Osmar Cañete, al tesorero Roque Valdez y al hijo de este último (que no es funcionario de la institución), ya que las transferencias también fueron derivadas a su cuenta bancaria.

De acuerdo con lo detectado hasta ahora, los tres habrían recibido transferencias directas de fondos de Copaco, bajo conceptos falsos, hacia sus cuentas personales.

El esquema consistía en simular pagos a la Municipalidad de Asunción, principalmente en concepto de obligaciones municipales. Sin embargo, estos comprobantes no contaban con timbrado, lo que impide su verificación en el sistema Marangatu, a diferencia del resto de las facturas que maneja la empresa.

“Ese detalle fue clave en el mecanismo, porque permitía hacer pasar facturas falsificadas como si fueran reales”, explicó el presidente de Copaco.

Paralelamente, al momento de realizar las transferencias bancarias, los responsables declaraban conceptos distintos, como pago de salarios o fondos especiales, evitando levantar alertas inmediatas.

La auditoría preliminar indica que el esquema se habría sostenido con transferencias mensuales de entre G. 30 y 40 millones, lo que permitió alcanzar el monto acumulado de G. 1.119 millones.

Desde Copaco también cuestionaron la falta de alertas del sistema bancario, teniendo en cuenta que uno de los funcionarios percibía un salario aproximado de G. 14 millones, pero recibía depósitos muy superiores de forma regular.

La administración solicitó que la auditoría se extienda hasta el año 2022, periodo en el que los funcionarios ya ocupaban cargos de responsabilidad. No se descarta que el monto final sea mayor al detectado hasta ahora.

Toda la documentación fue remitida al Ministerio Público, que deberá avanzar con la investigación penal y, posteriormente, con acciones civiles para recuperar los fondos desviados.

Stark admitió que el caso golpea duramente a una institución ya afectada financieramente, que se encuentra en un proceso de ajuste y búsqueda de recursos. “Estamos cuidando guaraní por guaraní para mejorar la situación de Copaco, y esto afecta muchísimo”, señaló

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