El Ministerio de Salud gastó US$ 5 millones para adquirir un software en un proceso viciado de irregularidades. La proveedora prometió un programa con licencias ilimitadas, pero entregó una con permisos determinados, que generará mayor costo. El mismo ni siquiera será utilizado.

Unos G. 32.000 millones pagará el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a cargo del ministro Julio Mazzoleni, a la firma Infocenter SA, representada por Lida Vera González, para la provisión de un sistema informático de planeamiento de recursos de gobierno (GRP por sus siglas en inglés).
De acuerdo con los datos, el proceso se llevó adelante a través de llamado con el ID 355.393 en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que está bajo la titularidad de Pablo Seitz.
El contrato había sido firmado ya en diciembre pasado; sin embargo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ordenó que el proceso fuera retrotraído a la revisión de las ofertas debido a irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación.
A pesar de esos cuestionamientos, la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública volvió a adjudicar a Infocenter, representante en Paraguay de la firma de software alemana SAP.
Prometieron y no cumplirán
El pliego de bases y condiciones del Ministerio de Salud Pública establecía claramente que la empresa adjudicada debía proveer un software con licencias ilimitadas. Esto es, que el mismo sistema informático pueda ser ampliado a la cantidad de predios hospitalarios que así lo requieran sin generar mayores costos.
Aún así, terminó adquiriendo un software que cuenta con licencias limitadas. Ya en enero pasado, tras publicaciones de ABC Color, desde la cartera de Estado intentaron negar que se estarían generando dependencia tecnológica y sobrecostos. Sin embargo, documentos de la propia firma revelan que no existen las señaladas licencias ilimitadas.
Una nota enviada por SAP Argentina a Infocenter SA revela claramente esta situación. “SAP ha autorizado excepcionalmente y por única vez a Infocenter a otorgar licencias bajo la modalidad ilimitada (”UDD” por sus siglas en inglés, Unlimited During Deployment) por 30 meses, para el proyecto de implementación en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 353593 ‘ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL (GRP) PARA EL MSPBS’”, señala el documento remitido por la fabricante (ver facsímil).
Es decir, el Ministerio de Salud Pública solo contará con licencias ilimitadas por menos de tres años y a partir de ahí deberá adquirir nuevamente permisos para instalar nuevos equipos a las redes. Abiertamente se genera una dependencia tecnológica.
Proceso irregular, pero igual siguieron
A pesar de las numerosas irregularidades detectadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas del Estado, el Ministerio de Salud Pública siguió adelante con la licitación. Tan a las apuradas se firmó el contrato, que la cartera de Estado se saltó toda una parte del proceso establecido por la mismísima Ley de Contrataciones Públicas.
Una vez más, estuvieron involucrados en el proceso Pablo Lezcano, exdirector Operativo de Contrataciones, quien dependía directamente del exdirector administrativo de la institución, Alcides Velázquez.
Lezcano y Velázquez dejaron sus cargos tras el escándalo de los insumos chinos que debían ser entregados para hacer frente a la pandemia de coronavirus y llegaron defectuosos. El exadministrador llegó a decir que él solamente cumplía órdenes directas de su jefe: el ministro Julio Mazzoleni.
Justamente el caso de los “insumos chinos fue uno de los más delicados que afectó a la gestión del ministro Mazzoleni.
Fueron proveídos por las firmas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec, ambas de Justo Ferreira, al MSPyBS en los inicios de la pandemia de covid-19.
El MSP entregó a las apuradas un contrato de G. 85.000 millones. Informes de tres entes de control detectaron que el proceso estuvo viciado desde sus inicios, porque no hubo competencia real y se terminó adjudicando dentro de un mismo llamado a empresas del mismo grupo.
La cartera encabezada por Julio Mazzoleni entregó un adelanto de G. 17.000 millones a las firmas que no estaba previsto en el pliego de bases y condiciones original. Y como si todo eso no hubiera sido suficiente, los insumos que fueron entregados no cumplían con los requisitos técnicos y había hasta dudas de su origen debido a que cambiaron la marca de algunos tras su llegada al país.

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