Fernando González Karjallo, hijo de RGD, recibió sobreseimiento provisional en causa por presunto cobro irregular de alquiler de inmueble comisado.

El juez de Garantías Raúl Florentín concedió el sobreseimiento provisional a Fernando González Karjallo, hijo de Ramón González Daher, en la causa por presunta apropiación y usurpación de funciones públicas. El caso se inició tras la denuncia de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que lo acusó de alquilar un inmueble ya comisado por el Estado.

La resolución, emitida el 11 de agosto de 2025, se basó en el dictamen de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, quien solicitó la medida a fin de completar diligencias pendientes. El pedido rectificó la solicitud anterior del fiscal Aldo Cantero, que había planteado el sobreseimiento definitivo alegando un acuerdo entre las partes.

Entre las diligencias ordenadas figura la solicitud de informes a la Dirección de Registros Públicos sobre la fecha de inscripción de los inmuebles a nombre de la Senabico y el registro de las medidas cautelares que pesaban sobre las propiedades. También se pidió el contrato original de alquiler firmado el 1 de mayo de 2024 y los comprobantes de pago de la inquilina.

González Karjallo fue imputado en noviembre de 2024 por supuestamente alquilar un inmueble ubicado en Celsa Speratti y Rogelio Santacruz, Asunción, que desde mayo de 2023 estaba registrado a nombre de la Senabico. La medida judicial de prohibición de innovar y contratar se encontraba vigente desde octubre de ese año.

Según la acusación, al firmar el contrato y percibir el alquiler, el procesado habría asumido funciones propias de la Senabico y se habría apropiado de ingresos que debían ir al Tesoro Público. La Fiscalía consideró que existían elementos de sospecha suficientes para sustentar la imputación.

Actualmente, González Karjallo cumple una condena de cinco años de prisión por lavado de dinero en la Penitenciaría Industrial La Esperanza. Fue trasladado allí en enero de 2025 junto a su padre, condenado a 15 años por usura, tras detectarse celulares y bebidas alcohólicas en su sector de reclusión anterior.

El procesado enfrenta además otra causa por presunto lavado de dinero, junto a su madre y esposa, por introducir al sistema financiero legal ganancias obtenidas de la usura. La acusación en ese caso fue presentada en julio de 2024, pero la audiencia preliminar aún no se ha realizado por recursos de la defensa.

La Fiscalía dispone ahora de un año para completar las diligencias y decidir si formula acusación o solicita el cierre definitivo del caso.

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