La investigación oficial confirma desvío de más de G. 3.000 millones entre 2020 y 2022.

Un escándalo de grandes proporciones sacude a la Municipalidad de Ciudad del Este, donde una investigación oficial reveló un patrón sistemático de irregularidades en la asignación de recursos públicos a lo largo de tres ejercicios fiscales consecutivos.

 

La Contraloría General de la República (CGR) y el equipo interventor encargado del control descubrieron una red de prácticas cuestionables que incluyen transferencias millonarias realizadas sin la debida justificación técnica, procesos de licitación fraudulentos y el uso indebido de comisiones vecinales como pantalla para eludir controles legales.

 

CONFERENCIA DE PRENSA

 

En conferencia de prensa, el interventor de la municipalidad de Ciudad del Este detalló varias de las groseras irregularidades, como empresas que fueron creadas al solo efecto de captar dinero del municipio en varios rubros.

 

“Quiero reiterar que las causales de intervención del municipio de CDE, referentes a los puntos denunciados por la CGR, están plenamente demostrados. Es un sistema cuidadosamente montado para desviar fondos públicos. La administración anterior dirigió un esquema para burlar a la ley”, expresó el interventor Ramón Ramírez.

 

“En algunos casos, por ejemplo, se pagaron los trabajos antes de ser adjudicados”, comentó.

 

Ramírez afirmó que una ciudad tan importante como Ciudad del Este, no se merece esta situación y que serán los canales correspondientes los que decidan que camino se va a tomar. “Vamos a seguir trabajando dentro de nuestras responsabilidades y queremos avanzar gradualmente. Estos hallazgos constituyen graves irregularidades y hasta ahora solo abordamos cerca del 30% de todas las denuncias hechas por la Contraloría”, dijo Ramírez.

 

Cifras alarmantes

 

El informe oficial detalla que solo en el año 2020, sumas equivalentes a G. 3.042.645.716 fueron transferidas mediante órdenes de pago que presentan serias irregularidades. Estos recursos, destinados originalmente a comisiones vecinales y organizaciones no gubernamentales, fueron canalizados de manera que viola flagrantemente la Ley de Contrataciones Públicas.

 

Mecanismos fraudulentos detectados

 

Las investigaciones descubrieron tácticas sofisticadas para eludir los controles institucionales:

 

  • Pagos anticipados a proveedores, incluso antes de las adjudicaciones oficiales
  • Documentación fechada posteriormente a la ejecución de los pagos
  • Uso de comisiones vecinales como intermediarios para enmascarar contrataciones directas
  • Simulación de procesos competitivos cuando en realidad se favorecía a determinados contratistas

 

Investigación en curso

 

Las autoridades indican que estos patrones de conducta irregular no fueron aislados, sino que se mantuvieron consistentes entre 2020 y 2022, abarcando múltiples niveles de la estructura municipal. El Ministerio Público ya trabaja con indicios que apuntan a posibles vínculos entre funcionarios municipales y empresas beneficiarias.

 

«Lo que encontramos es un sistema diseñado para evadir los controles legales», afirmó una fuente cercana a la investigación. «Los recursos públicos fueron manejados como si fueran fondos privados, sin el debido respeto por los procesos de transparencia».

 

La intervención municipal continúa mientras las autoridades evalúan el alcance completo de las irregularidades y determinan las responsabilidades individuales dentro de la administración local.