Ricardo Martínez Vázquez denunció a la Iglesia Siglo XXI y a dos líderes religiosos por exigirle sumas según el “nivel de pecado”. La causa está en manos de la Fiscalía.

Un grave caso de supuesta estafa y extorsión salió a la luz en Encarnación, donde un ciudadano denunció haber sido víctima de líderes religiosos que exigían pagos millonarios a cambio del “perdón divino”. La denuncia involucra a la Iglesia Siglo XXI, ubicada en la capital de Itapúa, que no contaría con habilitación oficial para operar en el país.

El denunciante, Ricardo Martínez Vázquez, relató que transfirió más de USD 50.000 (alrededor de G. 350 millones) a los pastores de la congregación en diferentes operaciones. Según su testimonio, cada pago se justificaba bajo el argumento de que solo mediante estas “ofrendas” podría alcanzar la salvación espiritual o recuperar la estabilidad familiar.

Las personas señaladas en la denuncia son la misionera coreana Jum Suck Lee y el pastor uruguayo Eduardo Fabián Laguna. Ambos habrían recurrido a tácticas de manipulación y amenazas para presionar a los fieles a entregar sumas de dinero. Incluso, según Martínez, le pidieron USD 3.000 como “ofrenda” para salvar su relación de pareja, y luego otros USD 5.000 bajo la excusa de una enfermedad de su expareja.

El afectado también declaró que su esposa fue llevada a Uruguay como parte de la coacción y que, además de las transferencias, se les exigían pagos en concepto de diezmos y aportes para “evitar la muerte” o conseguir el perdón de sus pecados. La denuncia fue radicada en la Fiscalía de Encarnación y quedó a cargo del fiscal Ever Williams, quien ya tomó declaración a la víctima.

Martínez aseguró que no fue el único perjudicado, ya que jóvenes de la congregación eran obligados a vender panificados y frutas en las calles como parte de una supuesta “prueba de fe”. Este esquema, según la denuncia, habría creado un ambiente de presión constante entre los creyentes, quienes se veían forzados a entregar dinero o bienes materiales para evitar represalias espirituales.

El abogado del denunciante, Luis Espinoza, explicó que cuenta con pruebas documentales de las transferencias realizadas, en su mayoría a través de servicios internacionales como Western Union. Agregó que el caso podría configurar un esquema transnacional de estafa y lavado de dinero, ya que los fondos terminaban en Uruguay.