Bachi defiende aumentazos para sus operadores y dice que no investigará a Zenaida por denuncia de “peaje a funcionarios”

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, se jactó de su poder para otorgar “aumentazos” y nombrar a funcionarios que son de su confianza y dijo que otros presidentes del Congreso también hicieron lo mismo. Así justificó el “aumentazo” salarial de G. 31 millones para la hija de la precandidata a la intendencia de Fernando de la Mora, Lizy Giménez. También dijo que no puede convertirse en una “parafiscalía” del Congreso e investigar a su colega Zenaida Delgado (ANR, HC) por el caso “peaje a funcionarios”.
En el 2021, Fátima Leticia Chamorro Giménez, hija de Lizy Giménez la concejala departamental de Central y precandidata a intendenta de Fernando por el equipo de Basilio Núñez, figuraba como funcionaria de la Municipalidad de Fernando de la Mora con un salario de G. 3.500.000.

En el 2024 aparece como funcionaria del Senado con un salario de más de G. 7.000.000 y desde agosto su salario trepó a G. 31,106.270, remuneración que ya orilla al salario que percibían senadores y diputados del periodo pasado.

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), se jacto de su poder como administrador de los recursos de la Cámara de Senadores y del Congreso para señalar que no le dio el cargo a un solo funcionarios, sino a una decena.
“No solamente le di a una, le di a 10 y ¿porqué a 10?, porque como presidente del Congreso desde que asumí tiene que entrar gente de mí confianza, gente que trabajó conmigo hace 15 años, así como cuando tuvo Óscar “Cachito” Salomón, Fernando Lugo y Blas Llano entraron gente de confianza. Anibal Saucedo, un ejemplo que entró conmigo, no defraudó. El director de la biblioteca Augusto Roa Bastos que entró conmigo no defraudó. Anibal Saucedo a diferencia de Margarita Morselli“, dijo el senador.
Cuando se le consultó si ese grupo de funcionarios hizo concurso público se preguntó “¿Cuándo acá en el Congreso hubo concurso público?” obviando los casos de las funcionarias que sí concursaron y fueron destituidas durante su administración, Liz Sosa, de la Dirección General de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa y a Daniela Candia.
También dijo que el concurso público no rige en la ley de la Carrera Civil para los funcionarios del Poder Legislativo, maniobra que habían hecho en el actual periodo parlamentario para excluir al Congreso de la norma, con la excusa de que iban a trabajar en una ley del servicio de la carrera legislativa.
Sobre la diferencia salarial de los médicos con los funcionarios del Senado, Bachi justificó una vez más los aumentos al señalar que gracias a su ley de dignificación salarial van a trabajar ahora van a trabajar 12 horas.
Zenaida huye y Bachi dice que no la investigará
A finales de agosto, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) denunció en una reunión de la mesa directiva que a unos 17 funcionarios que serían cupos de la senadora Zenaida Delgado (ANR, HC) se les descontaba un porcentaje de sus salarios, que sería como un “peaje” para mantenerse en sus cargos. La acusación también salpica a la pareja de la senadora, Gustavo Vera.
El caso fue opacado por el escándalo de los audios filtrados de Norma Aquino alias Yamy Nal y Javier “Chaqueñito” Vera en los se escuchaba hablar de supuesta repartija de una donación de China-Taiwán, compra de votos y contratos en Itaipú.
La senadora Yolanda Paredes (CN) dijo que la denuncia que recibieron es sobre los descuentos de salarios a funcionarios afectados a la comisión que presidía y al despacho de Zenaida que forzó a desmantelar dos comisiones por la presión que sentían los empleados.
También dijo Yolanda que el presidente del Senado es el facultado a pedir informes y a activar los mecanismos de investigación sobre el caso.
La senadora Amarilla dijo que en el caso de su colega Noelia Cabrera (liberocartista), el fiscal le exigió que sea el presidente del Senado el que denuncie y que él se debe hacer cargo. Indicó que por ello ellos mencionaron el caso en la mesa directiva.
También habló de que el supuesto peaje es “una extorsión miserable” a los funcionarios. Añadió que reclamará a Nuñez sobre el caso.




