El organismo contralor pedirá informes a 27 instituciones para analizar si los ingresos de la gobernadora se ajustan a su nivel de gastos.

La Contraloría General de la República (CGR) dispuso iniciar una verificación patrimonial a la gobernadora de Concepción, Liz Meza. La decisión surge tras la polémica por la fiesta de 15 años organizada para su hija. El procedimiento comenzará este martes.

La medida fue adoptada en una reunión realizada durante el feriado del lunes. El director de Declaración Jurada, Armindo Torres, informó en radio Monumental 1080 AM que el contralor ordenó el control. Explicó que Meza asumió el cargo en 2023 y desde entonces no presentó una nueva declaración jurada.

Torres detalló que se enviarán pedidos de informes a unas 27 instituciones. Entre ellas figuran la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la Dirección General de Registros Públicos y la Dirección de Registros de Automotores. También se consultará al sistema financiero, cooperativas y entidades donde la funcionaria trabajó anteriormente.

¿Qué implica la verificación patrimonial?

Las instituciones tendrán un plazo de diez días para responder. Sin embargo, pueden solicitar prórroga, lo que podría extender el proceso. La revisión abarcará ingresos, egresos y evolución patrimonial.

Dado que la gobernadora está casada sin separación de bienes, el análisis incluirá los movimientos financieros de su esposo. Según Torres, se cruzarán datos sobre los recursos utilizados en la celebración con facturaciones registradas ante la DNIT.

“Si bien es cierto, no podemos dictaminar desde el 2023 en adelante, pero sí podemos realizar un control patrimonial para poder verificar la capacidad financiera de la gobernadora”, afirmó. Añadió que buscan establecer si existía capacidad para realizar los actos denunciados en la prensa.

Antecedentes y alcance del control

Torres indicó que también recibieron “denuncias anónimas en la Contraloría”. Recordó que Meza presentó más de ocho declaraciones juradas desde 2012. En ese período ejerció como médica, docente y posteriormente como gobernadora.

El funcionario señaló que el costo exacto de la fiesta podría ser difícil de determinar. Inicialmente se mencionó una cifra superior a G. 1.000 millones. Luego, la propia gobernadora afirmó que el gasto rondó los G. 600 millones.

“Ojalá que podamos tener rápido y así también cumplir con la expectativa ciudadana”, expresó Torres. Aclaró que se compararán los ingresos y egresos conocidos para evaluar la correspondencia patrimonial.

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