El Ministerio Público imputó al ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras 10 personas, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.La denuncia fue presentada por Celso Kelembu Miranda y se trata de la tercera imputación, de las 53 denuncias que tiene en la fiscalía. La primera corresponde a compras de bolsas de alimentos, durante la pandemia del Covid-19, caso conocido como Tia Chela, la segunda se refiere a compra de insumos para la panadería municipal.

La imputación fue presentada el 6 de marzo de 2026 por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras una investigación que analiza transferencias de recursos municipales al Consejo Local de Salud entre los años 2019 y 2022.

Según el acta fiscal, durante la administración de Prieto se habrían transferido al Consejo Local de Salud aproximadamente G. 11.295.555.300 provenientes de recursos municipales, principalmente de la recaudación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Estos fondos debían destinarse a inversiones en infraestructura dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este, incluyendo refacciones, ampliaciones y la construcción de pabellones para áreas médicas.Sin embargo, la investigación sostiene que parte de ese dinero habría sido utilizado en contratos adjudicados de forma irregular a empresas constructoras vinculadas a personas cercanas al entorno político y administrativo de la municipalidad.

Contratos bajo sospecha

Entre las empresas mencionadas en la investigación figuran Servmaq, vinculada a Freddy Guzmán Martínez, y M & M Constructora, de la contadora Cinthia Noelia Alen Guerrero. Ambas firmas habrían recibido múltiples contratos para obras dentro del hospital.

Los fiscales detallan que entre 2020 y 2022 se adjudicaron contratos para refacciones de pabellones, trabajos adicionales en unidades de Terapia Intensiva y remodelaciones en áreas médicas como Traumatología, Nefrología y Urgencias.

Uno de los contratos más relevantes corresponde a la refacción de fachada y áreas del pabellón de trauma del hospital, adjudicado a M & M Constructora por G. 3.075.179.485. Según la investigación fiscal, las obras ejecutadas no habrían correspondido con los montos pagados.

Peritajes técnicos realizados por el Laboratorio Forense del Ministerio Público estiman que el perjuicio económico derivado de estas diferencias podría ascender a aproximadamente G. 505.154.095 solo en ese contrato.

Obras no certificadas

La Fiscalía sostiene además que varias de las obras financiadas con estos recursos habrían sido pagadas sin contar con los controles técnicos obligatorios. Según el expediente, no se designaron fiscalizadores de obras ni se emitieron dictámenes técnicos que certificaran la ejecución real de los trabajos.

El informe técnico señala que los pagos se realizaron por montos superiores a lo efectivamente construido, lo que habría generado un perjuicio total aproximado de G. 757.166.276 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Los investigadores también indican que el Consejo Local de Salud habría pagado a las empresas por obras no certificadas, basándose únicamente en documentos administrativos como facturas o formularios

Presuntas irregularidades en la contratación

Otro punto señalado por la Fiscalía es que los contratos no habrían seguido los procedimientos de contratación pública establecidos en la Ley 2051/03. En lugar de licitaciones abiertas, las adjudicaciones se habrían realizado de forma directa, lo que, según los fiscales, habría limitado la competencia entre proveedores.

El acta de imputación menciona que las adjudicaciones habrían sido direccionadas principalmente hacia las empresas Servmaq y M & M Constructora, que recibieron repetidamente contratos financiados con los aportes municipales.

Asimismo, la investigación sostiene que M & M Constructora podría haber operado como una empresa de fachada. Informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) indican que la firma no registraba compras de materiales o insumos propios de la actividad constructiva.

Los imputados

Además de Miguel Prieto Vallejos, fueron imputados miembros del Consejo Local de Salud y otras personas vinculadas a las contrataciones. Entre ellos se encuentran Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaiib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Hugo Benítez Vázquez, Valeria Fabiana Romero Escobar y Karen Elizabeth González Vergara.

También figuran Freddy Guzmán Martínez, representante de Servmaq, y Cinthia Noelia Alen Guerrero, vinculada a M & M Constructora.

Según la Fiscalía, todos habrían participado en diferentes grados en el esquema que permitió adjudicar contratos y efectuar pagos por obras que no habrían sido ejecutadas completamente.

Una investigación iniciada por una denuncia

El caso se originó tras una denuncia presentada en 2020 por el entonces concejal municipal Celso Miranda, quien alertó sobre presuntas irregularidades en la construcción del pabellón de contingencia Covid-19 en el hospital.

A partir de esa denuncia, el Ministerio Público abrió una investigación que derivó en peritajes técnicos, análisis de documentos administrativos y revisión de contratos firmados entre la municipalidad y el Consejo Local de Salud.

Tras reunir los elementos preliminares, los fiscales concluyeron que existen indicios suficientes para formular la imputación por lesión de confianza.

El proceso judicial recién inicia y corresponderá ahora a los tribunales determinar si las responsabilidades penales señaladas por la Fiscalía se confirman durante el desarrollo de la causa

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