¡Escándalo en la penitenciaría de Coronel Oviedo! Una denuncia sacude al penal tras revelarse que reos, incluso de alta peligrosidad, serían trasladados en vehículos sin puerta, exponiendo a funcionarios y a la ciudadanía, mientras se habla de muertes semanales por enfermedades y una gestión cuestionada por priorizar intereses políticos en medio de una crisis que genera indignación.

Una grave denuncia vuelve a poner en el centro de la polémica a la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, evidenciando lo que sería un preocupante estado de abandono, descontrol y presuntas prácticas irregulares dentro del sistema penitenciario.

De acuerdo con el testimonio de una ciudadana, el móvil utilizado para el traslado de personas privadas de libertad —un furgón— estaría operando sin la puerta del costado, una situación que raya lo insólito y que expone no solo a los funcionarios, sino también a la población en general. La denunciante aseguró haber visto cómo un recluso considerado de alta peligrosidad fue trasladado en estas condiciones hacia el Chaco Paraguayo para una audiencia judicial.

El hecho, más allá de lo anecdótico, deja al descubierto una alarmante falta de control y protocolos básicos de seguridad. ¿Cómo es posible que se autoricen traslados en vehículos en condiciones tan precarias? ¿Quién responde ante un eventual escape o una tragedia?

Pero la situación no termina ahí. Según lo denunciado, funcionarios del penal habrían revelado que cada semana se registran muertes de internos a causa de enfermedades contagiosas, lo que reflejaría una crisis sanitaria silenciosa dentro del establecimiento. La falta de inversión, atención médica y condiciones dignas parecería ser parte del día a día.

En paralelo, surgen cuestionamientos hacia la conducción del penal. El actual director Ing. Jorge Roberto Torales Burgos es señalado por supuestamente priorizar actividades políticas antes que la gestión institucional, participando en recorridos junto a su madre, Betty Burgos, candidata a intendenta de Repatriación.

Las acusaciones van aún más lejos: funcionarios aseguran que existe un ambiente de presión interna, donde quienes reclaman mejores condiciones laborales o denuncian irregularidades son castigados con traslados. “Solo les preocupa recaudar”, habría sido una de las frases que refleja el malestar generalizado.

Lo expuesto configura un escenario preocupante donde la seguridad, la salud y la institucionalidad parecen haber quedado en segundo plano. Mientras tanto, el silencio de las autoridades competentes no hace más que aumentar las dudas.

La situación exige respuestas urgentes, investigaciones serias y, sobre todo, decisiones firmes que garanticen condiciones dignas y seguras tanto para los internos como para quienes trabajan en el sistema penitenciario. Porque lo que está en juego no es solo la imagen de una institución, sino la vida de muchas personas.