La muerte del niño de 8 años que se desempeñaba como jinete (guaino) en una carrera de caballos clandestina en Cecilio Báez, departamento de Caaguazú, reabrió el debate sobre la explotación laboral de menores.

El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, advirtió que la legislación establece que, quienes tienen menos de 14 años no pueden realizar ningún tipo de actividad económica.

En entrevista con el canal GEN, la autoridad afirmó que la posición oficial es avanzar hacia una ley específica que contemple la penalización explícita de la explotación infantil, el criadazgo y las 20 peores formas de trabajo infantil en Paraguay.

Gutiérrez enfatizó que, si bien el marco legal autoriza el trabajo adolescente protegido entre los 14 y los 17 años bajo estrictas condiciones (ingreso fijo, escolarización, registro en la Codeni y permiso de los padres) por debajo de esa franja la prohibición es absoluta.

El ministro indicó que en las comunidades del interior ven como algo normal que los menores sean utilizados en tareas de riesgo, como el uso de niños livianos en las carreras hípicas para no restarle velocidad a los animales.

“Esta carrera de caballos se realizaba hace tiempo, incluso en un predio que sería municipal y en pleno campo urbano. Todo el mundo sabía y nadie puede decir que no estaba enterado de que usaban niños como ‘guainos’. Nada justifica que los padres exploten a sus hijos”, sentenció Gutiérrez.

En otro momento explicó que el Estado paraguayo cuenta con una red de contención social a través de programas como Tekoporã Mbarete (que entrega subsidios de 600.000 guaraníes), Hambre Cero y proyectos habitacionales. Sin embargo, en la práctica existen familias que rechazan la ayuda estatal por el rédito económico de la calle.

Ejemplificó que una familia vulnerable recibe asistencia monetaria directa y acceso a educación y alimentación gratuita para sus hijos. Pero la mendicidad o el trabajo infantil en semáforos y supermercados genera un promedio de 100.000 guaraníes diarios por niño. Si una familia utiliza a 3 hijos, recauda hasta 300.000 guaraníes por día, superando de lejos la ayuda social.

Ante esta realidad, el Minna intensificó los operativos con las brigadas de los “chalecos rojos” en Asunción y varios puntos del interior. El protocolo institucional establece que en la primera intervención se ofrece la inclusión a las políticas públicas y programas sociales disponibles.

Sin embargo, en los casos donde exista una rotunda negativa de los padres y la explotación laboral se mantenga de forma sistemática, la cartera estatal procede a la judicialización del caso. Este paso habilita a los juzgados a dictar medidas de protección que incluyen la separación familiar para resguardar la integridad física y el desarrollo integral del menor.