Los directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA) se exponen a hasta 10 años de cárcel tras detectarse un presunto esquema de malversación de fondos que ocasionó un perjuicio patrimonial inicial de G. 1.990 millones

Los imputados por este presunto caso de corrupción son los directivos David Portillo, Humberto Rojas, Juan Vidal y Walter Cabrera, contra quienes la Fiscalía solicitó medidas cautelares urgentes, entre ellas la estricta prohibición de acercamiento a la sede central de la entidad de gestión colectiva para evitar la obstrucción del proceso o la destrucción de evidencia contable.

La investigación penal se originó a partir de una auditoría de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), condensada en un informe de 72 fojas elaborado por la perito contadora María Graciela Álvarez. Según el documento, los directivos justificaron la erogación de cuantiosos fondos destinados a fondos sociales e intereses de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) para la supuesta compra de 2.400 canastas navideñas entregadas a los asociados.

Sin embargo, las verificaciones de campo por parte de las autoridades desnudaron el esquema. En ese sentido, los pagos figuraban a nombre de la “Despensa Gabrielito”, una pequeña despensa familiar ubicada en la zona de Costa Sosa, Luque.

Al ser abordados por la DINAPI, la propietaria del comercio, Noemí Alarcón, y su esposo afirmaron que no sabían qué era APA y aclararon que no se dedican al rubro de elaboración de canastas, nunca participaron en licitaciones ni firmaron contratos con la institución.

Así también la fiscalía detectó que los cheques expedidos a nombre de la despensa se efectivizaban y guardaban en cajas internas de APA, para luego ser retirados por una presunta representante o gestora externa sin trazabilidad clara.

“Ante esa situación, tenemos que APA mintió al decir que contrató a esta empresa. Estamos realizando la trazabilidad para determinar a dónde fueron a parar los G. 1.990 millones, ya que los directivos no están colaborando ni entregando la documentación”, remarcó el fiscal Ortiz.

El agente fiscal, quien lleva la causa de manera acumulada con su colega Leonardi Guerrero, explicó que los hechos se encuadran preliminarmente bajo el Artículo 192, incisos 1 y 2 del Código Penal (Lesión de Confianza), cuya calificación agravada prevé una pena privativa de libertad de hasta 10 años.

La representación del Ministerio Público no descarta realizar un allanamiento a la sede institucional y disponer peritajes contables adicionales, ya que se sospecha que el perjuicio financiero podría ser sustancialmente mayor una vez revisados los libros contables.