La magistrada Cinthia Garcete Urunaga dejó sin efecto la rebeldía y la orden de captura de Nelson Barrios Ramírez, investigado en causas vinculadas al denominado caso Global y a un asalto contra un ciudadano brasileño. La decisión, formalizada mediante el Auto Interlocutorio N.º 1723, vuelve a poner bajo cuestionamiento la actuación del Juzgado Penal de Garantías N.º 5.

Una nueva resolución judicial generó cuestionamientos en el ámbito de la administración de justicia de Alto Paraná. El Juzgado Penal de Garantías N.º 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete Urunaga, dispuso levantar la orden de captura y dejar sin efecto la declaración de rebeldía de Nelson Barrios Ramírez, investigado por supuesto robo agravado.

La medida fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 1723, fechado el 26 de octubre de 2026. Según los antecedentes proporcionados, Barrios Ramírez estaría vinculado a investigaciones relacionadas con el denominado caso Global y con el asalto a un ciudadano brasileño en la zona del kilómetro 4 de Ciudad del Este.

Uno de los aspectos que genera interrogantes es que el documento comunicado a la Policía Nacional no detalla los fundamentos jurídicos de la decisión, por lo que no es posible determinar, a partir de esa comunicación, cuáles fueron los argumentos considerados por el juzgado para dejar sin efecto las medidas vigentes.

Antecedentes de la investigación

El 10 de agosto de 2026, la fiscala Estela Mary Ramírez Medina, de la Unidad Penal N.º 3 de Ciudad del Este, había ordenado la detención preventiva de Barrios Ramírez y de otros tres investigados: Jorge Nicolás González Martínez, Alberto Britos Alcaraz y César Wildo Torres Cardozo.

La disposición fiscal se dictó en el marco de la causa N.º 12.821/2026, abierta por supuesto robo agravado y otros hechos punibles.

Poco más de dos meses después, el juzgado resolvió levantar las medidas que afectaban a Barrios Ramírez. La decisión vuelve a instalar el debate sobre los criterios aplicados para conceder medidas alternativas o dejar sin efecto disposiciones restrictivas de libertad en procesos relacionados con hechos punibles graves.

No obstante, el levantamiento de una orden de captura y de una declaración de rebeldía no equivale, por sí mismo, a una absolución ni determina la responsabilidad penal del investigado.

Otras resoluciones bajo cuestionamiento

La decisión se suma a una serie de antecedentes atribuidos a la magistrada Garcete que han generado críticas y cuestionamientos públicos.

Uno de ellos es el caso de César Suárez, procesado por su presunta participación en el asalto al depósito de Brisas del Paraná S.A., ocurrido el 18 de agosto de 2026 en el barrio Juan E. O’Leary, de Ciudad del Este.

De acuerdo con los antecedentes del caso, un grupo de aproximadamente ocho hombres armados redujo al personal de seguridad y sustrajo teléfonos celulares de alta gama y dinero en efectivo. Suárez, señalado por los investigadores como presunto conductor de uno de los vehículos utilizados en el atraco, fue detenido el 2 de septiembre. El 6 de octubre, pasó a cumplir arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.

Otro expediente que generó controversia fue el de Jonathan David González Díaz, procesado por homicidio doloso tras la muerte de su padre, Víctor David González Quiñónez, quien recibió alrededor de 40 heridas de arma blanca, según los antecedentes mencionados.

El 20 de agosto de 2025, Garcete concedió arresto domiciliario al procesado, bajo una fianza personal de G. 50 millones y una garantía real de G. 100 millones. La Fiscalía había acompañado el planteamiento, invocando circunstancias psicológicas y psiquiátricas relacionadas con el caso.

La resolución fue objeto de críticas y derivó en actuaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En marzo de 2026, el organismo resolvió iniciar de oficio una investigación preliminar sobre la actuación de la jueza. Los antecedentes disponibles en el texto de referencia no precisan el desenlace definitivo de ese procedimiento.

También hubo cuestionamientos en una causa por violencia familiar

Otro caso mencionado es el de Adrián Silva Martínez, investigado por presunta violencia familiar, quien recibió arresto domiciliario pese a las denuncias de agresiones contra su padre.

Posteriormente, la difusión de imágenes de nuevos episodios de violencia incrementó las críticas sobre la respuesta judicial. En agosto de 2025, el JEM dispuso abrir una investigación preliminar sobre la actuación de Garcete en relación con este expediente.

Estos antecedentes han alimentado los cuestionamientos hacia la magistrada y la necesidad de conocer el estado procesal de las denuncias presentadas ante el órgano encargado de juzgar el desempeño de los magistrados.

El papel de la superintendencia judicial

La controversia también vuelve a centrar la atención en el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Diesel Junghanns, superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

En el material de referencia se lo señala como presunto protector de la magistrada. Sin embargo, esa afirmación constituye un señalamiento que requiere respaldo documental o declaraciones verificables y no debe presentarse como un hecho probado.

La sucesión de decisiones cuestionadas plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y evaluación de la actuación judicial, así como sobre el seguimiento de las denuncias promovidas contra magistrados.

Mientras tanto, la resolución que benefició procesalmente a Nelson Barrios Ramírez vuelve a colocar bajo escrutinio al Juzgado Penal de Garantías N.º 5 de Ciudad del Este. La fundamentación completa del Auto Interlocutorio N.º 1723 y el estado de las investigaciones vinculadas al caso serán elementos relevantes para evaluar el alcance jurídico de la medida y determinar si corresponde algún tipo de revisión institucional.