La Fiscalía rechazó el pedido de la defensa de Miguel Vázquez, CEO del extinto banco Ueno, y se ratificó que siga con la prisión preventiva.

Los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle contestaron el traslado del recurso de apelación presentado por la defensa de Federico Miguel Vázquez Villasanti, solicitando al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos que ratifique el Auto Interlocutorio N.° 359, dictado por el juez Rodrigo Estigarribia el pasado 5 de noviembre, que decretó la prisión preventiva del imputado.

La representación técnica de Vázquez Villasanti, ejercida por los abogados Víctor Dante Gulino Ocampo y Álvaro Cáceres Alsina, había recurrido la medida cautelar alegando falta de fundamentación, la inexistencia de los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal (CPP) y el arraigo familiar, laboral y patrimonial de su defendido.

Asimismo, la defensa ofreció dos inmuebles pertenecientes al padre del imputado por un valor de G. 2.925.000.000 como caución real, solicitando subsidiariamente el arresto domiciliario con control de tobillera electrónica.

Sin embargo, en su contestación, la Fiscalía sostuvo que el peligro de fuga se encuentra plenamente justificado debido a la posición que ocupaba el procesado en la estructura societaria investigada, las empresas receptoras de los fondos, la magnitud económica de las operaciones crediticias supuestamente irregulares y la declaración de ingresos mensuales aproximados de G. 170.000.000.

Con respecto a la garantía ofrecida por la defensa, el Ministerio Público fundamentó que no resulta idónea ni eficaz en la etapa procesal actual. Según el dictamen fiscal, no se adjuntaron los certificados definitivos de condiciones de dominio de los inmuebles para verificar la inexistencia de gravámenes o restricciones, ni consta la formalización previa del consentimiento del titular registral para constituir la caución.

Asimismo, la representación fiscal aclaró que, al haberse acreditado objetivamente el riesgo de fuga, la norma procesal no exige demostrar de manera simultánea un peligro autónomo de obstrucción a la investigación. Ante estos argumentos, la Fiscalía solicitó el rechazo del recurso defensivo y la ratificación plena de la prisión preventiva dictada en primera instancia.