En noviembre de 2025, el Poder Judicial hizo lugar a un pedido de amparo constitucional presentado por familiares y allegados del expresidente Santiago Peña y la primera dama Leticia Ocampos con el objetivo de impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue “documentos de carácter reservado de propiedad” de los mismos.

Según se observa en los registros del Poder Judicial, el 5 de noviembre de 2025 un juzgado hizo lugar a un pedido de amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a nombre de varios parientes y familiares políticos del entonces aún presidente Santiago Peña, entre ellos la primera dama Leticia Ocampos.

El amparo, promovido por la abogada Jazmín Garcete Cantero, fue presentado el 30 de octubre de 2025 a nombre de la ex primera dama y de Carlos Antonio Ocampos Zelada (padre de la ex primera dama), María Teresa Villate Garcete (madre de esta), Carlos Ocampos Villate (hermano), Adriana Ocampos Villate (hermana), Ana María Palacios de Peña (suegra), José Cayetano Peña Nieto (suegro), Gonzalo Peña Ocampos (hijo del expresidente), Serenella Argaña Scavone (nuera), Manuel Peña Palacios (hermano del expresidnete), Claudia Verónica Gómez Abente (cuñada), Francisco Peña Palacios (hermano del expresidente) y Rocío Caballero Bosch.

Estos alegaban que se hallaban en “inminente peligro de violación por parte de Ministerio de Economía y Finanzas sus derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental” debido a una solicitud hecha el 7 de septiembre de 2025 por al MEF por el comunicador Hugo Javier Portillo.

Este pidió al MEF que informe sobre todas las sociedades o empresas registradas en las que los amparistas – los familiares del expresidente – figuren como accionistas o socios fundadores, miembros del directorio o administradores, representantes legales o apoderados, propietarios registrados, o “cualquier otro vínculo societario o de gestión empresarial que conste en los registros públicos”.

¿Por qué se concedió el amparo?

En su fundamento para hacer lugar al amparo, el Juzgado indica que, según la Ley N° 6446/2019, la información solicitada por Portillo está almacenada en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales y “no puede ser considerada típicamente pública”.

Esa información puede ser consultada “exclusivamente para otras autoridades tributarias, autoridades administrativas, agentes fiscales y órganos jurisdiccionales intervinientes en materia de persecución de lavado de dinero, infracciones monetarias, evasión fiscal y financiación del terrorismo, y supervisión o superintendencia bancaria, financiera, de seguros, de valores y de pensiones”, indica el Juzgado.

En consecuencia, el Juzgado – a cargo del juez Diego Alejandro Torres – ordenó al MEF “la prohibición de entregar documentos de carácter reservado de propiedad de los accionantes, almacenados en sus dependencias” sin una orden judicial expresa.

Un año después, Peña dejó de ser presidente

Casi exactamente un año después de que el Poder Judicial concediera ese amparo, Santiago Peña fue destituido de la Presidencia de la República tras ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional, que le atribuyó la responsabilidad política de la crisis bancaria y laboral que generó el cierre días antes de Ueno Bank y el colapso de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su conglomerado vieron un crecimiento meteórico durante los tres años en que Peña gobernó el país. El banco captó grandes cantidades de fondos de entidades públicas, mientras que empresas vinculadas a su grupo se hicieron con un gran número de contratos lucrativos con el Estado paraguayo.

Al anunciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank el pasado martes, el Banco Central del Paraguay indicó que este había perdido solvencia al conceder grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

El Ministerio Público imputó la semana pasada al expresidente Peña por los supuestos delitos de supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, argumentando que el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.