El estudio de Alex Rolón y Eduardo Royg defendería a Astigarraga. Acusan una red política en el desfalco de ueno bank.

El abogado Felino Amarilla denunció un presunto esquema de tráfico de influencias que involucraría a personas vinculadas con el sistema judicial. Según publicó Última Hora, uno de los puntos que genera cuestionamientos es la relación profesional entre el defensor de un investigado por el caso ueno bank y el hijo del fiscal general del Estado.

Eduardo Royg es el abogado de César Astigarraga, exalto directivo de la firma itti Saeca, investigado en el marco del presunto desfalco a ueno bank. Royg forma parte del mismo estudio jurídico que Alex Rolón, hijo del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. Para Amarilla, este vínculo plantea interrogantes sobre posibles conflictos de intereses dentro del sistema de justicia.

El abogado recordó que Royg ya había representado a Astigarraga en otro proceso relacionado con el banco Atlas. En aquella ocasión, cuestionó la rapidez con la que se desarrolló la declaración indagatoria. Según relató, el estudio jurídico preparó la comparecencia en un plazo llamativamente breve y el investigado se presentó a primera hora para responder preguntas de carácter técnico.

Amarilla sostuvo que la celeridad de aquellas actuaciones resulta difícil de explicar y alimenta las sospechas sobre un posible trato privilegiado.

Los vínculos judiciales y el papel del hijo del fiscal general

La declaración indagatoria estuvo a cargo de la fiscala Ruth Benítez, quien actualmente también investiga a la empresa itti. De acuerdo con Amarilla, durante aquella diligencia se formularon preguntas de considerable complejidad técnica, pese al escaso tiempo que habría existido para preparar las respuestas.

Tras escuchar al investigado, Benítez solicitó la desestimación de una denuncia anterior que cuestionaba un dictamen del laboratorio forense del Ministerio Público. Amarilla considera que esta secuencia de actuaciones merece una revisión más profunda por las dudas que genera sobre el desarrollo del proceso.

A estos antecedentes se suma un informe pericial conocido en setiembre. La perito Rosa Flor confirmó la existencia de una amenaza informática contra el banco Atlas, relacionada con un supuesto intento de vulneración de sus sistemas ocurrido en febrero.

Según explicó Amarilla, el ataque habría tenido como objetivo paralizar las operaciones de la entidad mediante el secuestro masivo de información, con la intención de exigir posteriormente un rescate para devolver el acceso a los datos.

Amarilla también apunta a la influencia de Galeano Perrone

En sus declaraciones, Amarilla también mencionó al abogado Víctor Galeano Perrone, a quien atribuyó una importante influencia en el entorno del Ministerio Público. Aseguró que su presencia en determinados espacios de poder es conocida y recordó que se lo identifica con el sobrenombre de «monje negro».

De acuerdo con el denunciante, Galeano Perrone habría tenido un papel decisivo en el proceso que llevó a Emiliano Rolón Fernández a ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Amarilla considera que estas relaciones muestran cómo determinados vínculos políticos y profesionales podrían influir en el funcionamiento de las instituciones.

También señaló que Galeano Perrone figura como accionista de Credicentro Holding, una sociedad registrada en Luxemburgo. A su criterio, este dato forma parte de una red de relaciones que combina intereses económicos, políticos y judiciales.

“Esto es una verdadera mafia”, afirmó Amarilla durante la entrevista, al referirse a lo que considera una estructura de protección institucional. El abogado sostuvo que las organizaciones criminales necesitan respaldo político para sostener sus operaciones y evitar consecuencias judiciales.

Astigarraga enfrenta prisión preventiva por el caso ueno bank

Mientras tanto, la situación procesal de César Astigarraga se agravó el jueves, cuando el Juzgado Penal de Garantías dispuso su prisión preventiva en el marco de la investigación por el presunto desfalco a ueno bank.

La medida fue dictada por el juez Osmar Legal, ante quien se tramita parte del proceso penal. Astigarraga está imputado por lavado de activos y lesión de confianza, y también enfrenta cargos por estafa y asociación criminal.

Las denuncias de Amarilla vuelven a poner bajo cuestionamiento las relaciones entre abogados, referentes políticos y autoridades del Ministerio Público. Aunque los vínculos señalados no constituyen por sí mismos pruebas de tráfico de influencias, el denunciante sostiene que deben investigarse para determinar si existieron beneficios indebidos o interferencias en las actuaciones judiciales.