Ex empleada de Mburuvicha Róga denuncia a Peña por violación de DDHH

Luz Maribel Candado Romero, ex coordinadora del personal doméstico de Mburuvicha Róga, presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada de Derechos Humanos contra el ex presidente de la República y el propio titular del Ministerio Público. Acusó al ex mandatario de someterla junto a su familia a interrogatorios irregulares y pruebas poligráficas militares, y al fiscal general, Emiliano Rolón, de encubrir los hechos durante más de un año.
La ex funcionaria del Gabinete Civil de la Presidencia Luz Maribel Candado Romero, acompañada de su esposo Hugo Ramón Romero Villanueva y su hijo Fabrizzio Gonzalo Romero Candado, formalizó una denuncia penal contra el destituido presidente Santiago Peña Palacios y el fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández, por presuntas violaciones a los derechos humanos, coacción grave, lesión grave, usurpación de funciones públicas y frustración de la persecución y ejecución penal.

El escrito, patrocinado por los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza, solicita además determinar la responsabilidad penal de la ex primera dama Leticia Ocampos, de los poligrafistas de las Fuerzas Armadas que intervinieron en el procedimiento, de los superiores militares o civiles que autorizaron la diligencia y de los funcionarios del Gabinete Civil que ejecutaron los despidos, informó la periodista de ÚH, Liz Acosta.

Polígrafo militar
Según el relato cronológico presentado ante el Ministerio Público, Candado trabajó desde diciembre de 2019 en la residencia particular de la familia Peña Ocampos en el barrio Santísima Trinidad –tres años sin aportes al Instituto de Previsión Social (IPS)– y, tras la asunción presidencial en agosto de 2023, fue nombrada coordinadora del personal doméstico en Mburuvicha Róga.
En octubre de 2024 y febrero de 2025, una trabajadora halló en el quincho de la residencia presidencial dos paquetes con fajos de dólares que rondaban los USD 100.000 cada uno. Candado entregó el dinero personalmente a Peña el 17 de junio de 2025, ocasión en la que el entonces jefe de Estado reconoció que los paquetes le pertenecían
Sin embargo, en julio de ese mismo año, tras un reclamo inicial de Leticia Ocampos por una puerta mal cerrada, Peña responsabilizó directamente a Candado por la supuesta desaparición de dinero en efectivo de su vestidor, sin precisar el monto faltante ni radicar denuncia policial o fiscal.
El 23 de julio de 2025, personal presuntamente perteneciente a las Fuerzas Armadas sometió a Candado, a su esposo, a su hermana Liliana Mabel Candado y a su hijo –entonces menor de edad– a pruebas de polígrafo dentro de la sede presidencial. Tras comunicarle verbalmente que el resultado había salido mal sin exhibir informe alguno, le exigieron devolver el dinero y desvincularon a todo el grupo familiar de sus puestos laborales.
Denuncian inacción fiscal
La acción judicial apunta directamente al fiscal general Emiliano Rolón por lo que califica como una decisión deliberada de no investigar para garantizar la impunidad de Peña. La denuncia recuerda que el caso cobró estado público el 16 de setiembre de 2025, bajo la denominación de los sobres del poder, y que posteriormente se presentaron dos denuncias formales, una impulsada por los abogados María Esther Roa y Guillermo Ferreiro el 25 de septiembre y otra por legisladores opositores el 2 de octubre.
Pese a contar con una testigo directa y respaldos documentales, Rolón cuestionó públicamente la veracidad del relato en setiembre de 2025 y mantuvo cajoneada la causa por más de catorce meses, incluso cuando el propio fiscal general visitaba de manera reservada la parte privada de Mburuvicha Róga fuera de la agenda oficial, según testimonia la denunciante.
La denuncia subraya que el Ministerio Público recién convocó a declarar a Candado el pasado 6 de noviembre de 2026, el mismo día en que el Senado destituyó a Peña vía juicio político, utilizando su testimonio como sustento para imputar al ex mandatario en la causa vinculada a ueno bank S.A. y allanar la residencia presidencial el 12 de noviembre.
Los abogados solicitaron el secuestro urgente de los libros de guardia, planillas de ingreso y grabaciones de videovigilancia de Mburuvicha Róga entre agosto de 2023 y julio de 2025, incluyendo los registros de visitas de Emiliano Rolón.
También pidieron oficiar al Ministerio de Defensa y al Comando de las Fuerzas Militares para identificar a los poligrafistas que operaron el 23 de julio de 2025 y entregar los registros técnicos del procedimiento, además de practicar una pericia médica reumatológica y psicológica a la denunciante y tomar su testimonio como anticipo jurisdiccional de prueba.





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