La Cámara Baja aprobó la incorporación de un nuevo artículo al Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad o multas a adultos, tutores y funcionarios públicos que promuevan, faciliten o autoricen uniones matrimoniales con menores de 18 años. La iniciativa pasa ahora a estudio del SenadoDiputados otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca tipificar y castigar penalmente la celebración intencional de matrimonios que involucren a niños, niñas o adolescentes.

La normativa propone incorporar el artículo 224 a la Ley Nº 1160/1997 (Código Penal), estableciendo distintas escalas de responsabilidad para quienes intervengan en estos actos prohibidos por la legislación civil.

 

La normativa aprobada distingue tres perfiles de responsabilidad penal según el grado de participación en el hecho. En primer lugar, establece una pena de hasta tres años de prisión o multa para cualquier persona adulta que contraiga matrimonio con un menor de edad teniendo conocimiento de esa condición, siempre que el acto llegue a concretarse.

La misma sanción de hasta tres años de cárcel o multa recaerá sobre quienes ejerzan la representación legal, guarda o tutela del menor y realicen acciones concretas para promover, organizar o facilitar la unión prohibida. Para que se configure este delito, deberá demostrarse la intención dolosa y que la conducta contribuyó efectivamente a la realización del enlace.

 

El castigo más severo dentro del proyecto está dirigido a los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus cargos, autoricen o celebren un matrimonio sabiendo que uno o ambos contrayentes son menores de 18 años. En estos casos, la expectativa de pena asciende hasta los cinco años de prisión.

Esta reforma penal funciona como un complemento de otra iniciativa aprobada recientemente por la misma Cámara, la cual modifica el artículo 17 del Código Civil para eliminar de forma absoluta todas las excepciones legales que permitían el casamiento antes de la mayoría de edad, incluso aquellas que contaban con autorización judicial o consentimiento de los padres.

Con la aprobación en la Cámara Baja, el expediente legislativo fue remitido a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual sanción