La Policía Nacional reveló nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el pasado 2 de octubre en Asunción. De acuerdo con las investigaciones, los sicarios recibieron la suma de G. 1.800.000 —transferidos en cuatro pagos— para vigilar y posteriormente ejecutar al militar.

El comisario Richard Vera, uno de los principales investigadores del caso, explicó durante una conferencia de prensa que el dinero fue entregado por Ángel David González Guillén (22), quien habría actuado como intermediario, mientras que Jorge Guillén Bogado (44), alias Patrón, sería el supuesto financista con vínculos con los autores morales.

Aunque aún no se ha determinado el móvil del crimen, las autoridades no descartan ninguna hipótesis. De hecho, datos revelados por radio Monumental 1080 AM vinculan a Guillén Bogado con robos a camiones transportadores de celulares, supuestamente liderados por piratas del asfalto, y con la venta de esos productos en el mercado brasileño.

En paralelo, la Policía busca a Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, señalado como el contacto directo con los autores materiales. Él habría proporcionado fotos y datos del teniente coronel Moral para facilitar el seguimiento previo al ataque. Lulú tiene un extenso historial criminal y una orden de captura con fines de extradición a la Argentina por robo agravado y homicidio.

Según el comisario David Delgado, los giros de dinero destinados a la vigilancia de la víctima se realizaron 22 días antes del crimen, lo que demuestra una planificación minuciosa. Además, se confirmó que los implicados Carlos Báez Guillén y Ángel González Guillén son hermanos, y ambos sobrinos de Jorge Guillén Bogado.

Por su parte, los presuntos autores materiales serían Rogelio Lemuel Díaz (18) y un adolescente de 16 años, quienes permanecen prófugos. Los jóvenes fueron captados por cámaras de seguridad el día del ataque, cuando interceptaron al militar frente a la Facultad de Derecho de la UNA, en el barrio Trinidad de Asunción.

Debido a la complejidad del caso, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, decidió reasignar la investigación a la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, encabezada por los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Carlos Alejandro Cardozo.

Mientras las investigaciones continúan, la trama detrás del asesinato del teniente coronel Moral sigue revelando una red criminal con conexiones familiares, dinero y crimen organizado, donde la vida del militar tuvo un trágico y vil precio: G. 1.800.000.