Elías Godoy Torres, implicado en un caso de cobro indebido en Diputados, ofrece devolver G. 50 millones y donar G. 5 millones para evitar juicio oral.

El escándalo de los “nepobaby” en la Cámara de Diputados de Paraguay suma un nuevo capítulo con la propuesta de Elías Godoy Torres, hijo de la diputada liberocartista Roya Torres, de devolver los G. 50 millones percibidos como “asesor” sin funciones específicas. Los fiscales Jorge Arce y Francisco Cabrera han solicitado al juez Rodrigo Estigarribia la suspensión condicional del proceso, considerando la oferta de restitución del dinero.

El joven de 19 años, quien solo cuenta con título de bachiller, percibía un salario mensual de G. 9.500.000 sin contar con un lugar de trabajo asignado ni funciones establecidas. La investigación reveló que Godoy Torres nunca se presentó en las oficinas donde supuestamente debía desempeñar sus funciones, hasta que el caso tomó estado público.

La defensa del imputado ha reconocido los hechos y propone, además de la devolución integral de los honorarios cobrados indebidamente, realizar una donación adicional de G. 5 millones a una entidad de bien público. Esta estrategia busca evitar el juicio oral por el delito de cobro indebido de honorarios como asesor sin título en la Cámara de Diputados.

Durante el proceso, Godoy Torres estuvo sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva, incluyendo la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio. Además, se estableció una fianza personal de G. 100 millones, garantizada por la diputada Torres y el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy.

El caso experimentó varios giros cuando, tras estallar el escándalo, se intentó justificar la presencia del joven primero en la Gobernación de Alto Paraná y posteriormente en una oficina improvisada en la Municipalidad de Presidente Franco. Sin embargo, las investigaciones confirmaron que no había registros de su asistencia en ninguna de estas dependencias antes de la controversia.

La situación se tornó más compleja cuando Godoy Torres presentó su renuncia en julio, solo para retirarla dos días después, argumentando su “derecho a trabajar” y merecimiento del salario asignado. Finalmente, tras la imputación del Ministerio Público, decidió renunciar definitivamente a su cargo como asesor de su madre en la Cámara de Diputados.

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