La senadora Yolanda Paredes quedó bajo la lupa, por un caso que huele a irregularidad.

La denuncia apunta a la ocupación y posterior negociación de una vivienda de Itaipú, un bien que nunca estuvo plenamente regularizado y que, aun así, terminó en manos de la actual legisladora y su entorno.

El origen del inmueble se remonta a una adjudicación de 1984. Sin embargo, el recorrido posterior de esa propiedad está lleno de zonas grises: transferencias poco claras, falta de documentación transparente y una cadena de hechos que nadie explica con precisión.

Pero lo más grave llega en 2022.

Antes de asumir su banca en el Senado, Paredes habría concretado la venta del inmueble por 160.000 dólares, transfiriendo supuestos “derechos” a terceros mediante un contrato privado. Es decir, no vendió una propiedad regularizada, sino algo mucho más difuso: derechos sobre un bien cuya situación legal ya era, como mínimo, cuestionable.

La pregunta es inevitable: ¿cómo se vende lo que no está en regla?

La operación —con pagos iniciales y cuotas incluidas— no solo deja dudas, deja sospechas. Porque no se trata de un simple trámite administrativo mal hecho, sino de una posible maniobra para monetizar un inmueble cuya titularidad nunca estuvo clara.

Hoy, la senadora no solo enfrenta cuestionamientos políticos. Enfrenta un caso que exige explicaciones concretas.

Porque cuando un representante público aparece vinculado a este tipo de operaciones, el problema deja de ser privado.

Pasa a ser un tema de interés público.

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