Una funcionaria judicial fue detenida en una entrega vigilada tras supuestamente exigir dinero a cambio de otorgar arresto domiciliario. El caso salpica a una jueza, actuarios y funcionarios del Ministerio del Interior, en un nuevo escándalo que golpea al sistema de justicia.

Una presunta red de corrupción vinculada al otorgamiento de tobilleras electrónicas quedó al descubierto tras la detención de una funcionaria del Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo, en el departamento Central. La mujer fue capturada en flagrancia durante una operación de entrega vigilada, cuando recibía dinero que, según la investigación, debía ser distribuido entre autoridades judiciales y otros funcionarios públicos.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando fue detenido Marcelo Fabián Peña Mancuello, imputado por tenencia y comercialización de drogas. En ese entonces, la jueza de Garantías, María Elena Cañete, había ordenado su prisión preventiva en la Penitenciaría de Tacumbú. Sin embargo, meses después, la defensa solicitó en reiteradas ocasiones el arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, beneficio que inicialmente fue rechazado.

Según la denuncia, el esquema irregular se habría activado en abril pasado, cuando la funcionaria ahora detenida, Antonia Galeano, supuestamente solicitó 6 millones de guaraníes a la familia del procesado a cambio de interceder para que la jueza concediera la medida. La familia habría entregado inicialmente 3 millones de guaraníes; sin embargo, el pedido fue rechazado en ese momento, presuntamente por no haberse completado el monto exigido.

Días después, el juzgado finalmente otorgó el arresto domiciliario con tobillera electrónica, lo que derivó en nuevas exigencias de dinero por parte de la funcionaria. Esta vez, además del saldo pendiente, habría solicitado un monto adicional destinado a funcionarios encargados del monitoreo electrónico, dependientes del Ministerio del Interior.

Ante la presión y el temor de perder el beneficio otorgado, los familiares del procesado decidieron denunciar el hecho ante el Ministerio Público. La fiscala anticorrupción, Yeimy Rossana Adle Monges, encabezó entonces un operativo de entrega vigilada que culminó con la detención de Galeano en el propio juzgado, tras recibir el dinero previamente marcado.

Como parte del procedimiento, también fue allanado el despacho de la jueza María Elena Cañete y se incautaron evidencias, entre ellas el teléfono celular de una actuaria judicial. Las autoridades no descartan la implicancia de otros funcionarios en el esquema, que evidenciaría la existencia de una estructura organizada para negociar medidas judiciales a cambio de dinero.