Tres exfuncionarias del Congreso Nacional denunciaron públicamente a la senadora
Zenaida Delgado por un presunto esquema de cobros irregulares y exigencias de
dinero a cambio de contrataciones y nombramientos en el Senado, montos que
habrían oscilado entre G. 20 millones y G. 100 millones. De acuerdo con los
testimonios presentados ante los medios de comunicación y la Fiscalía, las
trabajadoras legislativas debían transferir la totalidad de sus bonificaciones o recurrir a
préstamos bancarios para cubrir los pagos exigidos bajo amenazas de desvinculación.
Ante los graves cuestionamientos, la legisladora colorada salió al paso de las
acusaciones, calificó las versiones de “mentiras totales y absolutas” y ratificó que
responderá estrictamente por la vía judicial. Delgado enfatizó que las denunciantes
formaban parte de su círculo de confianza personal e incluso familiar, pero que
terminaron siendo apartadas de la institución por causas vinculadas a supuestas
irregularidades administrativas. Según expresó la parlamentaria en declaraciones a
ABC TV, “ellas fueron destituidas por lesión de confianza y falsificación de firma”
y adelantó que sus abogados defensores ya analizan las querellas por difamación y
calumnia.
La controversia generó una rápida repercusión en el ámbito institucional y judicial de
Paraguay, donde el Ministerio Público evalúa la conformación de un equipo de
fiscales para investigar el aparente esquema de apriete en la Cámara Alta. Por su
parte, el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, calificó la situación como
“gravísima”, aunque aclaró que el Poder Legislativo se limitará a colaborar con los
requerimientos de la justicia y a evaluar posibles medidas administrativas a través de la
Mesa Directiva.

La senadora Delgado insistió en que las acusaciones responden a un intento de
desprestigio impulsado tras su salida del cargo, descartando categóricamente que
los movimientos económicos denunciados correspondieran a retenciones salariales o
coimas coactivas. “No voy a entrar en esta tontería de responder a cuestiones
domésticas en los medios; yo voy a accionar judicialmente porque esto no tiene
sentido”, remarcó la congresista al justificar su negativa a convalidar las versiones
periodísticas en su contra.
Mientras tanto, la investigación administrativa en el Parlamento avanza para esclarecer
los mecanismos de contratación y el destino de los créditos gestionados por el personal
afectado, cuyos casos documentados involucran cuotas de préstamos bancarios
cercanos a los G. 5 millones mensuales. Las denunciantes, entre quienes figuran Lorena Gauto y Leonarda Vera, ratificaron la existencia de transferencias y vínculos
financieros que ahora deberán ser dilucidados en las instancias judiciales
correspondientes.
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