La legisladora colorada Zenaida Delgado negó el supuesto esquema de cobros ilegales en su despacho. Atribuyó las versiones a exfuncionarias destituidas por supuesta lesión de confianza y falsificación. Adelantó que las demandará.

Tres exfuncionarias del despacho de Zenaida Delgado denunciaron presuntos cobros de “peajes” y exigencias de dinero a cambio de contrataciones en el Senado.

De inmediato, la legisladora colorada salió al paso de los cuestionamientos, calificó las acusaciones de “mentiras totales” y ratificó que responderá por la vía judicial.

Las denunciantes, dos de ellas identificadas como Lorena Gauto y Leonarda Vera, señalaron la existencia de transferencias bancarias y supuestos aportes exigidos por la senadora. Ante esto, Delgado enfatizó que las involucradas formaban parte de su círculo de confianza personal e incluso familiar, pero que terminaron siendo desvinculadas de la institución por causas penales y administrativas.

“Son mentiras totales y absolutas. Yo no voy a pasar por estas cosas de que vayan a usar un micrófono para decir lo que quieran y como quieran. Las personas que me denuncian vivían en mi casa, eran mi cuñada y consuegra. Por eso voy a accionar judicialmente contra estas señoras”, aseveró la legisladora en entrevista con ABC TV.

La senadora sostuvo que la ruptura de la relación laboral y personal se debió a irregularidades detectadas en el manejo administrativo que motivaron su separación formal de la oficina parlamentaria, descartando categóricamente que los movimientos económicos denunciados correspondieran a retenciones salariales o coimas.

“Ellas fueron destituidas por lesión de confianza y falsificación de firma. Vivían en mi casa, les di un lugar, les servía en café, cocinaba para ellas. No voy a entrar en esta tontería de responder a cuestiones domésticas en los medios; yo voy a accionar judicialmente porque esto no tiene sentido”, remarcó.

Delgado insistió en que las acusaciones responden a un intento de desprestigio impulsado tras su salida del cargo, por lo que los antecedentes del caso ya se encuentran en manos de sus abogados defensores para formalizar las demandas correspondientes por difamación y calumnia.

LA DENUNCIA

Tres funcionarias del Congreso manifestaron que supuestamente se les exigía transferir la totalidad de sus bonificaciones mensuales directamente a la senadora, bajo la amenaza de ser desvinculadas de sus cargos.

Según las denunciantes, para acceder a un nombramiento permanente en el Parlamento, la legisladora les solicitaba sumas de dinero que oscilaban entre G. 20 millones y G. 100 millones. Una de las afectadas afirmó que le llegaron a requerir hasta G. 150 millones.

Los testimonios apuntan a que los trabajadores debían solicitar préstamos en el Banco Nacional de Fomento (BNF) o en la Caja Parlamentaria para costear las sumas exigidas. En uno de los casos, una funcionaria desvinculada quedó pagando cuotas mensuales cercanas a los G. 5 millones tras recurrir a estos créditos, siempre conforme a la denuncia presentada.