Una bebé de la comunidad indígena Hugua Po’i, que se encuentra en conflicto por tierras en Caaguazú, falleció este martes tras afrontar problemas de salud. Los nativos responsabilizan a los agrotóxicos de los sojeros, mientras que una organización señala que es a causa de la inacción del Gobierno.

Una pequeña de dos meses de edad de la comunidad indígena Hugua Po’i, del pueblo Mbyá Guaraní, de la localidad de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, falleció en la madrugada de este martes por complicaciones de salud.

El grupo de nativos había sido desalojado hace 15 días de la finca 1616, ubicada en la mencionada localidad, pero este lunes se volvieron a reubicar en el sitio, debido a que cuentan con una medida cautelar a su favor.

En contacto con Última Hora, Denis Centurión, uno de los líderes, lamentó el fallecimiento de la niña y dijo que ellos culpan a los agrotóxicos de los sojeros, ya que en varias ocasiones los trabajadores rociaban prácticamente frente a ellos.

Centurión aseguró que antes del desalojo y hasta hace poco más de una semana, la bebé se encontraba completamente bien de salud, hasta que después de que se haya rociado en el lugar, la pequeña comenzó a presentar vómito y fiebre.

“Lamentamos demasiado todo esto que estamos pasando. Es muy triste que haya fallecido en medio de nuestra lucha, que solo estamos haciendo para dar un lugar digno a nuestros niños inocentes. Pero vamos a seguir luchando por el derecho de nuestro pueblo”, expresó Centurión.

La bebé fue trasladada el sábado pasado al centro de salud de Raúl Arsenio Oviedo, donde le manifestaron que no había los medicamentos necesarios para su tratamiento, por lo que debían llevarla a otro hospital.

No obstante, el dirigente indígena señaló que debido a sus limitaciones no pudieron trasladarla, pese a que intentaron conseguir ayuda por parte de los médicos del centro asistencial.

Tras el desalojo se mantuvieron por una semana en la comunidad indígena Planchada Julia, pero una vez que obtuvieron la medida cautelar para ocupar unas 1.021 hectáreas de la finca 1616, volvieron al lugar, siempre según su relato.

Sin embargo, manifestó que por una semana estuvieron frente a la propiedad al costado del camino, es decir, afuera del inmueble en cuestión, a la espera de reunirse con representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), cuya reunión estaba pactada para el último lunes.

En tanto, como ninguna autoridad se presentó, decidieron volver a ingresar al inmueble, ante las condiciones infrahumanas que estaban afrontando en la calle, a la espera de una solución.

En cuanto a cómo subsistían en el lugar, teniendo en cuenta que ya no contaban con cultivos ni otra fuente de ingresos, señaló que se alimentaban con víveres proveídos por el Indi.

Finalmente, señaló que otros pequeños e incluso adultos de la comunidad Hugua Po’i están actualmente con problemas de salud, como malestares, fiebre, entre otros, y que están bastante preocupados por la situación.

Pronunciamientos civiles sobre la muerte de la bebé indígena

La organización Tierraviva, dedicada a defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que “la discriminación estructural hacia los pueblos indígenas por parte del Estado paraguayo acaba de cobrarse la vida de una niña de dos meses”.

En ese sentido, lamentó que la niña con tan poco tiempo de vida fallezca en medio de un conflicto por tierras, tras afrontar un desalojo irregular y luego permanecer a la intemperie, afrontando el frío intenso de los últimos días.

“La pequeña careció de una asistencia sanitaria adecuada que incluya un seguimiento a la situación de salud, a pesar de haberse dado aviso a las autoridades sanitarias competentes que conocían de la vulnerabilidad en la que se encontraban los niños y niñas”, denunció el ente.

Y advirtió: “Otros niños, niñas y personas adultas mayores también se encuentran afectadas en su salud y demandamos una urgente atención a las necesidades de la comunidad. Urgimos la restitución de las tierras a la comunidad. Esta muerte y todas las muertes que surjan en la comunidad es de responsabilidad del Estado paraguayo”.

Disputa por una finca

Este lunes 25 de julio, cerca de 50 familias indígenas de la comunidad Hugua Po’i ingresaron a la Finca 1616, cuyo título está registrado a nombre de la empresa sojera Sociedad Civil Tres Palmas.

Sin embargo, organizaciones y la misma comunidad indígena aseguran que es un territorio ancestral de la parcialidad Mbyá Guaraní.

Los nativos fueron víctimas de un desalojo el pasado 12 de julio, con una orden dictada por el juez Wilfrido Ovelar para favorecer a la Sociedad Civil Tres Palmas.

También se denunció que el magistrado no tiene competencia en la causa y que el desalojo se dio con una aparatosa intervención policial, por lo que la califican de irregular.

Tras el desalojo, los indígenas denunciaron que apenas abandonaron el lugar, varios tractores y camionetas ingresaron al predio y comenzaron a echar sus viviendas, se apropiaron de los materiales y destruyeron los cultivos.

Esto pese a que habían llegado al acuerdo de que la empresa no haría uso de ese sector, hasta tanto se llegue a una solución final al conflicto por la tierra.

Además de ser víctimas de una expulsión forzosa, la pérdida de casas y cultivos, ahora también los nativos son afectados con la pérdida de vidas humanas.

Los desalojos a la comunidad Hugua Po’i, en Caaguazú, tienen como origen un viejo conflicto de territorio que enfrenta a la firma Tres Palmas con derechos ancestrales indígenas.

Según detalla un informe de la misma empresa sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), ratificado por el Paraguay con la sanción y promulgación de la Ley 04/92, la compra del inmueble se realizó incluso con los indígenas adentro.

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